La incertidumbre acerca de la viabilidad del plebiscito como mecanismo para la refrendación popular de los acuerdos de paz fue despejada por la Corte Constitucional el pasado 18 de julio. Hace un tiempo señalé, en las páginas de LA PATRIA, que consideraba que al estar consagrada la paz en el capítulo de los derechos fundamentales de nuestra Constitución Política como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (artículo 22), no era imprescindible que los acuerdos firmados con la guerrilla en Cuba fueran sometidos a refrendación. Sin embargo, allí mismo era consciente de la necesidad de que se cumpliera la promesa hecha a la ciudadanía y sobre todo, de lo imperioso que resulta a estas alturas, brindar cierta legitimidad política a unos acuerdos alcanzados en medio de una honda división de la opinión pública. Esa polarización es, ciertamente, un arma de doble filo: por un lado, obliga a blindar políticamente los acuerdos apelando a la refrendación popular, por el otro, aumenta el riesgo de que los acuerdos sean rechazados en las urnas. Adicionalmente, esa misma polarización confunde al electorado acerca de lo que efectivamente será sometido a su consideración. Son tantos los mensajes erráticos que circulan, que vale la pena hacer al menos tres precisiones.
En primer lugar, en sentido estricto, la gente no votará por la paz o por la guerra sino que ordenará al presidente de la República que implemente (o no) los acuerdos para la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc. En buena medida, lo que arrastró al gobierno hacia el plebiscito -con todos sus riesgos- fue el lenguaje divisorio entre amigos y enemigos de la paz que él mismo contribuyó a alentar. Mi opinión es que la firma de un acuerdo con las Farc es condición necesaria -aunque por supuesto, no suficiente- de la paz en Colombia. Pero eso no me autoriza, ni a los que compartan conmigo esa opinión, a estigmatizar a todos aquellos que crean que dicho acuerdo no es necesario o no es conveniente, como enemigos de la paz (lo que no excluye la existencia de algunos saboteadores). Lo que sí puedo y debo hacer es insistir en las ventajas que tendrá para el país poner fin al mayor desafío armado que ha tenido el Estado colombiano en toda su historia.
En segundo lugar, me parece necesario recalcar que aprobar el plebiscito no es lo mismo que aprobar la gestión gubernamental del presidente Santos. Votar sí en el plebiscito no es lo mismo que avalar a un gobierno cuyas políticas de desarrollo no moldean la economía productiva, equitativa y ambientalmente sostenible que se requiere para dispersar oportunidades económicas entre la población y reducir así el atractivo de la ilegalidad y del ejercicio de la violencia como proveedora de medios de vida. Apoyar la terminación del conflicto armado con las Farc tampoco significa aceptar la forma en la que este gobierno suele lidiar con las protestas sociales. Se ha hecho evidente, a lo largo de estos años, la incapacidad del gobierno para llegar oportunamente a acuerdos razonables con las organizaciones sociales y populares y sobre todo, cumplirlos. Sin embargo, no simpatizar con el talante a veces pusilánime del gobierno no impide reconocer que fue este gobierno -y no otro- el que diseñó un proceso de negociación preciso y pragmático basado en las experiencias del pasado y en las de otros países. Ha sido este gobierno el que con obstinada paciencia ha resistido múltiples y enconados intentos de sabotaje al proceso de paz, y el que tuvo el acierto de escoger un equipo negociador de primer nivel.
En tercer lugar, aprobar el plebiscito no significa premiar a las Farc o devolverles el poder militar que alcanzaron a tener durante los gobiernos de Samper y Pastrana. Las Farc no van a volver a ejercer dominio militar en ningún territorio tras su desmovilización. Quienes comparan las zonas veredales con la zona de distensión mienten, porque ellos mismos están mal informados o porque quieren desinformar. Además, votar sí en el plebiscito significa tener la opción de sustituir la lucha armada por la competencia electoral. Así las cosas, las Farc pueden ser derrotadas en las urnas.
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