La tragedia vivida en el municipio de Riosucio con la muerte de un grupo de mineros artesanales, se suma a varios hechos relacionados con los pequeños mineros en esta región. En abril de este año seis mineros murieron por la utilización de explosivos artesanales y se dio el despido de más de 400 obreros de las minas por la imposibilidad de conseguir el explosivo legal.

He planteado en el Congreso de la República, en especial en la Comisión Quinta del Senado, que el Estado debe asumir el compromiso de buscar soluciones efectivas y urgentes, implementando una verdadera política pública frente a la pequeña minería, artesanal o de pequeña escala, para que no se vuelvan a presentar estos trágicos hechos que continuamente tenemos que lamentar.

La minería del oro que es calificada como artesanal y de pequeña escala es una fuente de ingresos permanente para mineros que desarrollan su actividad en regiones rurales, en las cuales no existen otras alternativas económicas de orden significativo. Según las Naciones Unidas hay por lo menos 100 millones de personas en más de 55 países que dependen de esta actividad de subsistencia, y producen entre el 20 y el 30% del oro del mundo, cerca de 800 toneladas anuales.

En Colombia la producción de oro se ha incrementado en más de 300% desde el 2006 y las Unidades de Producción Minera en su gran mayoría son informales, el 50,7% en yacimientos de aluvión, el 47% de veta o filón y el restante 2,3% es de otro tipo.

En Colombia el término de pequeña minería no está claramente definido en la legislación minera, y por lo tanto deben cumplir los mismos requisitos que una gran concesión para obtener las autorizaciones mineras y ambientales. Esta actividad se define en el glosario como rudimentaria o artesanal y antitécnica que no utiliza métodos convencionales, y en esta clasificación pueden caber la minería tradicional, la de subsistencia, la ilegal y la de hecho, aunque de todas maneras sea solo para referenciarlas en estudios o estadísticas.

Hasta la fecha las leyes y normas no han logrado que la actividad se formalice en Colombia. Técnica y jurídicamente no se avanza con éxito en la formalización. Los procedimientos son para estos mineros complejos y costosos. Como en su gran mayoría no han tenido ningún tipo de título o documento de autorización o permiso, les es imposible demostrar que cumplen con el requisito de llevar más de 10 años en operación. El último recurso jurídico fue el Decreto 933 de 2013, con el cual se dio un trato a la minería tradicional informal y se adoptó un esquema de formalización de áreas ocupadas otorgando títulos mineros. Según el Ministerio, de 8.125 solicitudes el 39% han sido rechazadas y el resto sigue en trámite.

Según informes de la Contraloría y la Procuraduría, la formalización minera ha sido ineficaz por las normas improvisadas, contradictorias, incoherentes, carentes de técnica jurídica y que no tiene en cuenta la realidad de los mineros informales.

En el actual Plan de Desarrollo se está tratando de legislar al respecto, haciendo una clasificación de minería de acuerdo con los niveles de producción. Pero esto no permitirá hacer un avance cualitativo y diferencial que permita adoptar una política pública que además de lograr la formalización minera, tenga en cuenta las condiciones humanas de los mineros y las realidades sociales de las poblaciones en las cuales se da este tipo de minería. Sobre esto radiqué una proposición en la plenaria del Senado para ser incluida en el Plan de Desarrollo, pero la forma como se tramita esta ley, hizo imposible que el ministro de Hacienda la avalara por cuanto no era un tema prioritario para el gobierno.

Una de las formas más importantes de combatir la minería ilegal o criminal, es formalizar esta minería artesanal, ancestral, ya que por ser de subsistencia, estos productores o sus familias no se prestarían para trabajar en las empresas criminales, que en últimas escasamente les reconocen un jornal por debajo del mínimo, sin prestaciones sociales, sin olvidar que también son presionados por grupos al margen de la ley a servir en estas actividades ilegales.

Personalmente propuse a la Comisión Quinta debatir el tema y con miras a la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, le presentaré a mi partido, el Centro Democrático una propuesta de proyecto de ley, que nos permita avanzar en esta materia, con el apoyo de las organizaciones de pequeños mineros.