La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por la suma de $9.323 millones (en forma solidaria) contra el exgobernador de Caldas Mario Aristizabal Muñoz, y cuatro funcionarios de su despacho: el ex gerente de la Empresa Departamental para la Salud (EDSA), Adolfo León Mejía, su Secretaria Privada, María del Pilar Joves Ramírez, su Secretario de Hacienda, Javier Misas Hurtado, y la directora de la Dirección Territorial de Salud, Martha Isabel Valencia.
La imputación de responsabilidad fiscal también cobija a la empresa de chance Susuerte S.A., representada legalmente por Jhon Alexander Quintero, igual que a Juan Carlos Sánchez en su calidad de Superintendente Delegado para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud (E) de la Superintendencia Nacional de Salud, y Pablo Uribe Salazar, miembro de la junta directiva de EDSA como representante de Fasecolda.
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