JUAN DAVID CASTAÑO
LA PATRIA | MANIZALES
Irregularidades en la facturación y recaudo por concepto de impuesto predial, deficiencia en los sistemas y procedimientos para el cobro de cartera a favor de los municipios, es la causa grave de la situación contable de las 26 poblaciones de Caldas, sin contar a Manizales.
Esta irregularidad es una de 16 detectadas por la Contraloría General de Caldas. Desde este año el contralor, Jorge Eber Wheeler Arcila realiza un ejercicio de visita a las poblaciones en las que instalan auditorías y buscan fallas en el sistema contable de estos.
"Hemos visitado 16 municipios de los 26 que son competencia nuestra y se han detectado irregularidades en la parametrización, sistematización, registro, recaudo y cobro del impuesto predial. Expedimos una función de advertencia por $41 mil millones con la sumatoria de las carteras de los municipios. Hay que ponerle cuidado al asunto y se le ha informado esto a los alcaldes", expresó el contralor.
Según el informe el municipio con más cartera es La Dorada, seguido de Chinchiná, Salamina, Supía y Villamaría (ver recuadro Con mayor cartera). Claudia Echeverry, secretaria de Hacienda de La Dorada, dice que la situación del puerto caldenses obedece a que en los últimos años no se han efectuado cobros coactivos. "Lo que estamos haciendo es librando los mandamientos de pago, con el fin de asegurar el recaudo, pues las deudas prescriben pasados cinco años".
Los que menos tienen son La Merced, Filadelfia, San José, Aranzazu y Marulanda. El contralor informó que en la mayoría de poblaciones hay los mismos problemas en el cobro del impuesto. Según el contralor estos problemas se dan por negligencia administrativa, o sea, falta de gestión en el recaudo de los dineros. "Este problema tiene que empezar a tener una curva positiva porque estamos llamando la atención. La administración pública es compleja, esto no es jugando y siempre la más beneficiada será la misma comunidad caldense".
"El departamento no está en quiebra"
"En el informe que hicimos en marzo le advertimos a la Gobernación que encontramos un desorden total en la administración y en el tema de pensión un problema grande en las cuentas, con diferencias abismales. Se le advirtió a Hacienda y al gobernador", explicó el contralor.
Wheeler agregó que el Fondo del Congreso de la República le está cobrando a la Gobernación $14 mil millones. "Todos los congresistas que han sido funcionarios y han pasado por aquí están cobrando esa deuda. Además están los embargos".
Acerca de la Ley 550 a la que se piensa acoger la Gobernación dijo: "El departamento no está en quiebra, de hecho tiene cerca de $85 mil millones en sus cuentas. Percibo que lo de la Ley 550 es una estrategia para evitar que se le vengan en cascada todos los embargos y le quiten dinamismo a la administración. Toda esa información está en un informe publicado en nuestra página web".
Agregó que esta es una alternativa, pero que en ella no se puede escudar la falta de gestión de cobro de administraciones anteriores de 15 o 20 años atrás. La Contraloría presentará próximamente un informe sobre su viabilidad financiera.
Más auditorias
El contralor anunció que su equipo seguirá con las auditorias y hará funciones de control preventivo con visitas a los funcionarios. Su idea es brindar apoyo a las alcaldías en lo presupuestal para que no se repitan las irregularidades. Expresó que en instituciones como la Gobernación, Licorera, Territorial e Inficaldas harán procesos de auditoría más exhaustivos.
También reiteró que se desarrolla el programa Contraloría Escolar en las instituciones educativas oficiales del Departamento, con el que se busca tener contacto con los estudiantes y que ellos sean veedores de la situación financiera de su institución y del municipio.
Por municipios
1. La Dorada: $5.553.288.945
2. Chinchiná: $3.728.877.377
3. Salamina: $3.377.426.750
4. Supía: $3.275.175.251
5. Villamaría: $2.972.204.965
6. Victoria: $2.412.686.532
7. Belalcázar: 1.948.086.133
8. Anserma: 1.798.027.353
9. Pensilvania: 1.504.137.971
10. Palestina: 1.496.337.295
11. Risaralda: 1473.970.957
12. Manzanares: 1.455.377.862
13. Marmato: 1.319.980. 232
14. Aguadas: 1.300.087.701
15. Pácora: 1.238.745.226
16. Riosucio: 1.166.520.676
17. Norcasia: 1.156.315.963
18. Neira: 756.270.590
19. Samaná: 662.856.411
20. Marquetalia: 653.959997
21. Viterbo: 512.202.504
22. La Merced: $418.561.719
23. Filadelfia: $395.321.601
24. San José: $276.004.590
25. Aranzazu: $191.740.255
26. Marulanda: $103.809.080
Las irregularidades
Estas son las inconsistencias encontradas por la Contraloría en los municipios de Caldas:
1. Irregularidades en la facturación y recaudo por concepto de impuesto predial y deficiencia en los sistemas y procedimientos para el cobro de cartera a favor del municipio.
2. Irregularidades en la facturación y recaudo por concepto de impuesto de Industria y comercio.
3. Deficiencias en la parametrización del software financiero en lo referente a los impuestos predial e industria y comercio e incumplimiento de la ley 44 de 1990 en el estatuto tributario municipal.
4. Deficiencias en la parametrización de seguridad de los usuarios del sistema.
5. Irregularidades en el recaudo de las rentas del municipio
6. Incorrecta clasificación de las rentas por cobrar.
7. Diferencias entre la información reportada por la Secretaría de Hacienda y la registrada en el Libro Mayor y Balances.
8. Base de datos de contribuyentes desactualizada.
9. Ausencias de auditorias internas al área de impuestos.
10. Inconsistencias en los predios exentos por concepto de Impuesto Predial.
11. Falta de gestión efectiva en el recaudo de los impuestos.
12. Deficiencias en el registro de las operaciones realizadas en efectivo.
13. Saldos negativos en la cuenta Rentas por Cobrar.
14. Deficiencias en la gestión de cobro del Impuesto Predial Unificado.
15. Deficiencias en la constitución de la póliza de las personas que recaudan dineros.
16. Rentas por cobrar incierta por base de datos de contribuyentes desactualizadas.
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