Los controladores de espacio parecen de naturaleza violenta

Las normas peor interpretadas en las calles son las que se relacionan con el control del Espacio Público. Me refiero a ese control que dista mucho de ser un manejo, sino que es un factor represivo. Cuando hablo de represivo me refiero también a quienes tienen la facultad legítima y legal de hacerlo, no a quienes se les delega por cuenta de un contrato temporal con una entidad pública.

No vayamos a pensar que porque así lo hacen en Medellín, en Bogotá o en Pereira, es lo correcto, porque eso conlleva los errores cometidos. Soy ciudadano primero que todo, pero también fui militar, como igual he sido manifestante contestatario, vendedor ambulante, antes y fui y ahora volví a ser estudiante. Hoy mi ejercicio es periodístico y le agradezco a todo lo anterior lo que soy.

Eso me ha permitido escuchar las declaraciones que se dan en las Alcaldías, pero también comprobar que no es lo mismo que hacen los servidores públicos en las calles. Y es más desequilibrado, que en los demás ámbitos, la forma como se ejerce el control del espacio.

La colisión entre el derecho al goce del espacio público para los ciudadanos con el derecho al trabajo de los vendedores informales (quienes jamás deben ser vistos como ilegales, porque así lo ha reconocido la misma jurisprudencia al otorgarles la confianza legítima), con frecuencia termina resuelta a las patadas, a piedra, a golpes y heridas, que con soluciones que dignifiquen el trabajo. Miren cómo se ha hecho:

1.
Medellín. 1999. El Centro estaba impecable. Un vendedor pone una caja de aguacates en un andén. De inmediato llegan tres jóvenes con camisetas grises, radios y botas muy parecidas a las de los militares, a quitarle el producto. Él se aferra a lo que le da su sustento. Al ver que no lo suelta, a uno se le ocurre agarrarlo a trompadas. Le da tan duro que aunque no suelta la caja, los aguacates ruedan por el piso. Los otros dos destruyen a pisotones. Nadie interviene. "No le pegués gran h...", alguien grita. Los empleados de los almacenes salen a rescatar las frutas en reacción contra la injusta actitud de esos jóvenes, contratados por la Alcaldía de la capital antioqueña.

2.
Pereira. 2003. Jhon Alirio Carmona era un artesano, padre de tres niñas, que solo vendía lo que hacía con sus manos. Su espacio de trabajo medía un metro cuadrado de una calle peatonal de Pereira. Su figura era el estereotipo de un hippie. Sin embargo, un día de junio, en medio de un control de espacio público, es forzado a subir a un camión en el que se llevaban la mercancía. Adentro, a puerta cerrada lo muelen a golpes. Un ciudadano lo visita al día siguiente, le graba su versión de los hechos; en ella contradecía la falsa explicación de la Alcaldía, según la cual una caja de Bon Ice le había caído encima. Tres días después la situación de Jhon Alirio se complica y muere debido a un hematoma en el cerebro. El modelo de control aplicado en Pereira fue el mismo que en Medellín. En la capital de Risaralda eran hombres con chalecos, malencarados por cierto y contratados por la Administración local. Ellos perseguían con impiedad a los vendedores. Su acción era más agresiva que cuando un policía sigue a un delincuente.

3.
Manizales. 2014. Diferentes protagonistas, situación semejante. Un padre y su hijo resultan aporreados en la carrera 23 con calle 30, en un control iniciado por muchachos contratados por la Alcaldía para el control del espacio público. Los heridos venden tomates, que es con lo único que se defendieron -a tomatazos- mientras reciben garrote.

No me gusta que con los impuestos, que todos pagamos, se les cancele un salario a civiles que golpean a vendedores ambulantes. Tampoco que lo haga la Policía. A los gobiernos locales les ha faltado efectividad para el manejo de espacio público, pero les ha sobrado uso de fuerza, a lo mejor porque les sale más barata. Sabemos también de su insuficiencia intelectual para dar soluciones proporcionales a la responsabilidad que admiten al ser elegidos.

No creo que las personas al dar su voto por estos mandatarios imaginen que les están autorizando a moler a palos a otros ciudadanos. Por otro lado perder el empleo y verse urgido a rebuscarse la vida en la informalidad, puede pasarle a la mayoría de los ciudadanos, inclusive a quienes hoy maltratan a los vendedores ambulantes.