Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 16 2024
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LA PATRIA | MANIZALES
El caso de las chuzadas del DAS a políticos y periodistas, las supuestas interceptaciones ilegales que pudo realizar el Estado colombiano, y otros líos relacionados con violación a la intimidad, son la referencia que se tiene para poner en tela de juicio la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma).
La intención de esta herramienta de la Policía, es tener un sistema que permita la interceptación de comunicaciones para investigar posibles delitos, pero para eso debe ajustarse la legislación nacional.
El problema, afirman los expertos en seguridad informática, es que se abriría la puerta a posibles violaciones a las libertades civiles, pues algunos miembros de la Policía podrían dar un mal uso a la información que se recolecte por este medio.
"El problema es que mientras los ilegales van en Porsche, la Policía va en Renault 4", así justificó la adquisición de PUMA el abogado Andrés Guzmán, experto en evidencias digitales.
Pero él, al igual que los expertos en seguridad Juan Carlos Ruiz y el coronel (r) John Marulanda, la normatividad vigente, incluida la Ley de Inteligencia, deja vacíos que podrían dar lugar a abusos y, a nuevos delitos como la extorsión o el secuestro, porque los datos de cualquier ciudadano quedarían expuestos.
Esta es una posibilidad lejana según explican el director de la Policía Nacional, general José Roberto León, y el vicefiscal José Fernando Perdomo, pues según ellos, para hacer seguimientos a las comunicaciones a través de internet será necesaria una orden judicial expedida por un juez de garantías.
El rastreo de comunicaciones (tanto en voz como a través de internet) no es nuevo en ningún país. De hecho, es considerado como una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado y en Colombia serviría para poner fin a redes de microtráfico, microextorsión, robo de celulares, robo de carros y venta ilegal de repuestos, entre otros.
Según el general León, la plataforma Puma será un gran apoyo en caso de que se llegue a un acuerdo con las Farc, porque generalmente luego de una negociación se da un incremento en la delincuencia común.
El vicefiscal aseguró que en Colombia la Fiscalía tiene a su cargo desde hace 10 años la plataforma Esperanza, la cual después de los sistemas usados por Rusia y China, es la mejor del mundo.
Sin embargo, la masificación de internet llevó a que los delincuentes también utilizaran la red para cometer delitos. De ahí, la necesidad de que el Gobierno adquiriera la plataforma Puma que será operada por la Policía Nacional a partir de 2014.
Esta plataforma, según el experto en seguridad John Marulanda es una copia del sistema Prisma que utiliza el Gobierno de los Estados Unidos, pero está lejos de su efectividad.
“La gran diferencia está en que en ese país hay una tecnología frente a la cual estamos rezagados y existe una legislación muy sólida que permite legalmente hacer este tipo de seguimientos cuando se esgrime el argumento de la seguridad nacional y cuando se aplica especialmente a extranjeros en Estados Unidos o a estadounidenses en el exterior”, aseguró.
Sin embargo, el vicefiscal Perdomo afirma que la operación de Puma se hará de acuerdo con los parámetros legales y va más allá al asegurar que la Fiscalía tendrá a su cargo la operación como lo hace en la actualidad con la plataforma Esperanza. Un punto que también fue expresado por el general León.
"Va a permitir llegar a redes como Twitter y Facebook, algo que la plataforma Esperanza no puede. Lo cierto es que la única forma para que una herramienta como esta funcione es que sea manejada y administrada por la Fiscalía, y solo con la orden de un juez de Control de Garantías. Estamos hablando con la Policía para determinar cómo es que la Fiscalía va a administrar esa nueva tecnología", dijo Perdomo.
Pero para que la plataforma Puma pueda funcionar es necesario el apoyo de los operadores de internet. Por eso el Gobierno expidió el decreto 1704 del 15 de agosto de 2012 que ordena a estas empresas facilitar la infraestructura para que los organismos de policía judicial hagan los seguimientos.
Este decreto, explicó el senador Juan Manuel Galán, autor de la Ley de Inteligencia, regula quien podrá autorizar las interceptaciones, cuáles elementos probatorios son necesarios y a través de qué medios puede realizarse.
La nueva reglamentación en donde se amplían las facultades de interceptaciones y se imponen obligaciones a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones ha generado mucha inquietud entre las organizaciones que vigilan los procesos de control de información en internet, afirmó Galán.
"Si a eso se suma la nueva plataforma de inteligencia de la Policía Nacional, es entendible que muchos colombianos sientan que su información sensible está desprotegida y que sus derechos a la privacidad vulnerados", advirtió el senador Galán.
Para el abogado Guzmán, si bien el decreto 1704 no implica muchas diferencias frente a lo que se hacía con las interceptaciones telefónicas, lo malo es que haya intercomunicabilidad, es decir, que se tenga acceso a toda la información que se transmita por la red sin ningún freno.
El abogado Andrés Guzmán, experto en evidencias digitales, dice que es necesario que en materia legislativa se comiencen a adoptar medidas de protección para la intimidad de los ciudadanos. Eso significa que a las personas cuando las monitorean y se les meten en la intimidad de su correo electrónico sea dentro de un proceso judicial, que se tenga claro cuáles son los motivos por los que se hace, cuándo se debe hacer, que eso esté muy reglamentado.
"Ya nos ha pasado y nos sigue pasando. No se sabe quién ni por qué lo hizo", indicó Guzmán al recordar algunas interceptaciones famosas en la historia del país que dieron lugar a escándalos y cuyo origen nunca se pudo esclarecer.
El especialista puso como ejemplo la reglamentación de la Unión Europea que establece que las personas cuando son interceptadas dentro de un proceso judicial, luego de la intervención se les manda una carta en la que dicen: “lo interceptamos, con fines legales o por inteligencia, y estamos abiertos por si quiere emprender acciones contra nosotros. Adicionalmente, borramos toda la información y no quedó ningún vestigio".
Por eso, frente a la polémica por el rastreo de las comunicaciones, los expertos plantean que aunque muchos ciudadanos podrían argumentar el viejo adagio de: el que nada debe nada teme, el tema no es tan sencillo.
"Es un tema de protección de la intimidad, de libertades civiles por el que muchas personas dieron unas peleas muy fuertes en todo el mundo y no se puede declinar tan fácil", concluyó Guzmán.
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