Violencia se ensañó contra líderes e indígenas

JORGE GIL ÁNGEL

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

108 defensores de DD.HH. y 66 indígenas fueron asesinados el año pasado en Colombia, un reflejo de la violencia del conflicto armado que se ensaña contra los líderes sociales, según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El documento, presentado ayer en Bogotá, precisa que fueron 108 defensores; 66 indígenas del Cauca, entre ellos 13 de sus autoridades, y 45 miembros de la comunidad LGBTI los asesinados el año pasado.

El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, y que se da en medio de una tasa nacional de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.

El informe también recoge "15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía".

"Hay una situación de gravedad en relación con (los asesinatos de) excombatientes (de las Farc) y en el tema de líderes y lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos", dice el representante de la ACNUDH en Colombia, Alberto Brunori.

Violencia desbordada contra líderes

De los 108 casos de líderes sociales asesinados, el 75% ocurrió en zonas rurales y el 86% en municipios con "un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional", según Brunori, en alusión tácita a la relación de estos crímenes con su ocurrencia en zonas alejadas y con poca presencia estatal.

La situación parece no cambiar en 2020 y es por ello que la Oficina estudia 31 casos de los cuales comprobó cuatro, mientras que organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya cifran en 51 los asesinatos de líderes sociales en lo que va del año.

"Me temo que, como ocurrió el año pasado, varios (de los casos en estudio) sean (asesinatos de) defensores o defensoras de derechos humanos, pero no me puedo adelantar porque ese trabajo requiere de mucha precisión, atención y confrontar toda la información que nos llega", explica Brunori.

Esa violencia desbordada siguió afectado al Cauca, según el informe, al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa fueron asesinados.

Esa cifra supone "un incremento de casi el 52%, de acuerdo al Instituto de Medicina legal, en comparación con 2018".

El Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de las Farc, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln) y carteles mexicanos, que luchan por el control de la tierra para el tráfico de drogas.

Para proteger a los defensores de derechos humanos, la ONU insiste en que el gubernamental "Plan de Acción Oportuna debe priorizar una mayor y más continua participación de las autoridades regionales y de la sociedad civil" para atajar esta ola de violencia.

"La Alta Comisionada urge a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a responder rápida y efectivamente a las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de la definición de medidas concretas y coordinadas", añade Brunori.

Abusos policiales y militares

De los 15 casos de "presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía", 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones, conocidas en el país con el eufemismo de falsos positivos.

Uno de esos dos es el del exguerrillero Dimar Torres, al que un militar mató de un disparo en abril del año pasado en zona rural de Convención (Norte de Santander).

También se refirió al caso del bachiller Dilan Cruz, quien falleció el 25 de noviembre en Bogotá a raíz de las heridas sufridas en la cabeza por un proyectil disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una manifestación en Bogotá.

"Nosotros señalamos en el informe de 2019, que aparte de la muerte del joven Dilan, han habido algunos casos de respuesta que excedieron el uso de la fuerza", afirma y recomienda al Esmad "utilizar armas que sean adecuadas a los estándares internacionales".

Agrega: "En el caso de Dilan, llegamos a la conclusión de que pudo haber sido una ejecución".

Brunori manifiesta su preocupación por "información documental que indicaría" que el 8 de abril del año pasado en el municipio de Valdivia (Antioquia), miembros de grupos criminales participaron en "una operación militar oficial".

En ella, explicó, los delincuentes portaron armas y realizaron "acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas".

Una paz que requiere "mucho esfuerzo"

"Creo que estamos en un panorama en el que estamos mejor que cuando había el conflicto, pero los retos de la paz requieren mucho esfuerzo, tanto del Estado, de la sociedad y de la comunidad internacional", advierte el representante de la ACNUDH, Alberto Brunori.

Por ello reconoce el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), organismos creados a instancias del acuerdo de paz.