Sin preacuerdo por no tener en cuenta a víctimas por muerte en Marmato

LA PATRIA | MANIZALES

El Tribunal Superior de Manizales anuló el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y la defensa de Juan Andrés Montoya Díaz, sentenciado por asesinar a Daniel Alberto Durán Ortiz, el 12 de agosto, en el sector El Atrio, de Marmato.

Lo hizo porque se desconocieron los derechos de las víctimas. Ente acusador y abogado del señalado presentaron un preacuerdo el 2 de noviembre para una condena de 48 meses, lo que le permitía al sindicado quedar libre, por el monto de la sentencia.

Le reconocieron ira e intenso dolor, pues según las investigaciones, el asesino se cansó de que el hoy occiso lo agrediera siempre y por eso lo atacó a puñal el día de los hechos.

La agresión se dio a la 1:30 de la mañana, cuando varias personas consumían comidas rápidas y licor en el sector. A Durán Ortiz lo llevaron al hospital, pero falleció por la gravedad de las heridas. A Montoya Díaz lo agarraron en flagrancia, con manchas de sangre en sus manos y ropa.

Lo llevaron a audiencia, no aceptó cargos y lo mandaron para la cárcel. Luego se planteó el preacuerdo, apelado por el abogado de la familia del fallecido, pues no se les informó del pacto al que se había llegado.

"Son personas de una condición académica baja y no entendían lo que pasaba, por eso dijeron sí en esa ocasión", anotó el defensor, el 6 de diciembre, día de la lectura de la sentencia. Pidió que no se le reconocieran al procesado la ira e intenso dolor, ni los sobrogados penales.

Las víctimas acudieron sin abogado a la audiencia en la que se planteó el preacuerdo, pues iban para una de acusación y no sabían del pacto entre las partes, establecido minutos antes.

El Tribunal argumentó que para la validación de un preacuerdo se necesita de la intervención de la víctima, pues de lo contrario deja por el piso el acto de negociación y/o su aprobación. La víctima no puede vetar los acuerdos, pero sí debe ser oída por el fiscal y el juez. Se anuló lo actuado desde el 2 de noviembre y ordenó que se escuche a los familiares del occiso para que el juez tome la decisión sobre el preacuerdo.