LA PATRIA| MANIZALES

No paran los líos para Olga Constanza Duque Chica, alcaldesa de Salamina, por Cambio Radical, entre 2012-2015.

Recientemente, el Tribunal Superior de Manizales le negó la preclusión, tal y como lo había decidido un juzgado, tras la solicitud de la Fiscalía.

En ese mismo proceso están involucrados Obed Usma Amaya (exsecretario de Hacienda), Juan Carlos Arias Gómez (supervisor de contrato), Mario Édison Álzate Cano (Visión Norte) y Luis Guillermo Cárdenas Sandoval (ingeniero).

El caso se remonta al 3 de septiembre de 2014, cuando el gerente Departamental de la Contraloría, Édgar Arturo Díaz Vinasco, le dio a conocer a la Fiscalía el cierre y archivo de las diligencias preliminares del 26 de agosto de ese año para establecer si era procedente dar inicio a la acción penal en contra de los funcionarios Duque Chica y Usma Amaya.

Las posibles irregularidades se relacionan con la inversión de recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable, Saneamiento Ambiental Básico, de la vigencia 2012, en estos contratos:

• 1. Suscrito con el ingeniero civil Luis Guillermo Cárdenas Sandoval para la limpieza de los diferentes descoles de la salida hacia Pácora, terrazas y vivero de Corpocaldas, para evitar riesgos inminentes de deslizamiento. Era de $43 millones 637 mil. El dinero se transfirió por una cuenta a nombre Usma Amaya y posteriormente fue entregado al contratista.
• 2. El convenio de cooperación del 1 de noviembre del 2012 entre Salamina y la Asociación Visión Norte, para el mantenimiento de las microcuencas que abastecen los acueductos rurales. Se desembolsaron $40 millones en tres tandas.

Se mencionaron presuntas irregularidades por la falta de evidencias que permitieran establecer su cumplimiento y la forma en que el municipio canceló el valor. El ingeniero contratista del primer caso expresó que se hicieron giros al secretario de Hacienda porque tenía problemas con Datacrédito, pero que el servidor público le entregó esos dineros.

Cierre

La Fiscalía solicitó la preclusión. Al juez de conocimiento le preocupó el destino de la documentación contractual, que no aparece en los archivos de la entidad, papeles que son de relevancia para el proceso y para definir si se cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley para la contratación.

El ente acusador anotó: "Con el informe de Policía Judicial se logró probar con suficiencia que los documentos de la etapa precontractual están traspapelados, lo mismo que los de la ejecución de los contratos. Sin estos elementos no puedo decir que haya delitos y mucho menos realizar una imputación o acusación en el proceso".

El Tribunal concluyó que no es posible decretar la preclusión de la investigación en relación con la probable

comisión de un delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y que lo procedente es insistir en la investigación para establecer la posible existencia de otros delitos.

La exalcaldesa tiene una condena por celebración indebida de contratos. Le dieron 5 años y 10 meses, ordenaron detenerla, pero huye de la justicia. Apeló ante el Tribunal Superior de Manizales.

La Fiscalía lleva 163 procesos contra alcaldes y exalcaldes de Caldas. La mayoría, en indagación. Investiga a cinco mandatarios actuales.

Este proceso no quiere decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables.