LA PATRIA |MANIZALES
Una mujer de 24 años, natural de Riosucio, enfrenta a la justicia mexicana tras ser acusada de agredir a su expareja, de 42, quien tiene permiso de residencia en Estados Unidos, donde trabaja, es el padre de los dos hijos de la caldense y hermano de una agente del Ministerio Público en Ciudad Juárez, Chihuahua (México).
La riosuceña tiene la apariencia frágil de adolescente. Mide 1,60 metros y pesa menos de 50 kilos. Posee manos pequeñas y delgadas, que junta entrelazando sus dedos sobre sus piernas. Contrae su cuerpo cuando habla, como si se esforzara por ocupar el menor espacio posible.
Ella está en Juárez, de los municipios más violentos del país y más feminicida de América. Nació en Colombia, no tiene trabajo, ni estudia, es acusada por su expareja de violencia familiar.
Su excompañero mide algo más de 1,80 metros y pesa alrededor de 100 kilos. Es conductor de camiones de transporte de mercancía en Estados Unidos. Trajo a la caldense de Colombia, donde se quedó toda su familia, cuando ella tenía 21 y él 39 años, con la idea más romantica del amor y la promesa de una vida mejor.
La hermana del hombre es agente del Ministerio Público. Está adscrita a la Unidad de Atención temprana de Violencia Familiar, donde acusan a la caldense de golpearlo.
La riosuceña está ahora en un refugio, un lugar en el que no tiene acceso a internet, ni a un teléfono celular. No sabe dónde la tienen. Está aislada para protegerla. La asociación que la defiende considera que su vida corre peligro.
Ella tiene dos hijos que le quitaron por más de un mes. No supo dónde estaban y rezó por ellos cada noche. Le pidió a Dios que estuvieran y comieran bien, que permanecieran limpios y felices. Se lo pidió a Dios porque, no tenía a quién más.
Esta mujer está sola en una ciudad que no conoce, le quitaron a sus hijos y la metieron a la cárcel. Pasó una semana en el Centro de Readaptación Social para acusadas. Su familia es de escasos recursos y están separados por unos 5 mil kilómetros de distancia. No tiene dinero, ni trabajo, ni manera de enfrentar a un sistema de justicia que encontró terriblemente injusto, cuenta.
Y quizá seguiría sola si una mujer no hubiera sentido compasión por ella. Si alguna de las personas que ella vio, que conocía y que sabía que eran amigos no le hubiesen entregado la tarjeta con el número de una asociación civil que defiende a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Ella decidió, en la primera audiencia de vinculación a proceso, declarar de manera libre. Estaba ahí en un pequeño estrado. A su izquierda, en la pared, el escudo del estado de Chihuahua, junto a una bandera de México.
Dijo, entre algunas otras pocas palabras cortadas por la respiración alterada que deja el inicio del llanto, “Solo pido que se haga justicia, porque no hice nada de lo que se me está acusando”.
El hecho por el que se le señala, planteado por el Ministerio Público, es el siguiente: El viernes 28 de junio, entre las 16:59 y las 17:30, en el domicilio del Fraccionamiento Areco, ejerció actos de poder para agredir física y psicológicamente a su ex.
"Le dijo malparido y le golpeó el estómago una y otra vez. Quebró el vidrio de la puerta mientras ofendía a la víctima. Tomó un pedazo del vidrio de entre 10 y 15 centímetros de largo y le hirió los dos brazos. Brincó por medio de los vidrios rotos, cayó sobre otros más, amenazó con matar al hombre, a sus hijos y después suicidarse. Ella misma cortó también sus propios brazos mientras él intentaba detenerla".
Eso dice la denuncia por violencia familiar interpuesta por el agente municipal, la agente del Ministerio Público (hermana del hombre) y una policía. El informe de lesiones, del 30 de junio, explica que presentaba cuatro heridas en el brazo derecho, tres en el izquierdo y dos hematomas en el abdomen.
Sin embargo, la supuesta víctima no se presentó a ninguna institución de salud, mientras que la caldense fue trasladada a un hospital para que le cosieran heridas en ambos brazos.
El informe psicológico que le realizaron al sujeto el 2 de julio anota que presenta estrés traumático, horror grave y zozobra, además de llanto, por lo que sugiere atención psicoterapéutica por 25 sesiones, con un costo total de alrededor de 12 mil 500 pesos mexicanos ($2 millones 152 mil), que deberá pagar la mujer.
El hombre pidió una ampliación de la denuncia, el 11 de julio, en la que acusó a su expareja de odiar a México y a Ciudad Juárez, y que "él solo le pedía respeto por su país y por su ciudad, pero que ella lo insultaba en todo momento y le decía que México y él eran una mierda".
También agregó que la familia de la caldense está relacionada con el narcotráfico en Colombia y en México, y que temía por su vida y por la de sus hijos. La acusó de fumar marihuana, de descuidar a sus descendientes, de tener tendencias homosexuales y de pasar todo el día en el celular sin atender a sus hijos.
Manifestó que, aunque la acusaba de homosexual, que la encontró con un hombre platicando afuera de su casa y que adentro sus hijos estaban sucios, enfermos y sin comer.
Adjuntó otra impresión diagnóstica psicológica en la que declaró que él y sus hijos sufrían golpes y maltratos, y que le temían. "No quiero que los niños crezcan sin alguno de los dos. No fumo, no tomo y no me drogo"
El Ministerio Público pidió que a la caldense se le vinculara a un proceso y se le impusieran medidas cautelares para presentarse cada 15 días, prohibición de acercarse a su casa y a su víctima, ya que "puede recibir hasta 5 años de prisión".
El juez, Javier Ortiz Bernal, determinó, luego de una intervención de la abogada defensora de la mujer, que mencionar un tiempo de condena en esa parte del proceso era una violación a la presunción de inocencia y que no tenía los medios, ni los papeles, ni las formas para huir del país ni de la ciudad.
"Las medidas cautelares no son necesarias, ya que se encuentra en un refugio para mujeres víctimas de violencia, en el que firmó una permanencia voluntaria y del que no puede salir".
La historia quizá pudo ser muy distinta si esa mujer policía no le hubiese entregado esa tarjeta a la caldense y si ella no se hubiera enterado de que existía la Asociación Civil Sin Violencia, que tomó el caso por razones bien simples.
La abogada Leticia Badallares explicó: “Quién va a ayudar a esa mujer si no tiene a nadie en la ciudad, no tiene un peso, no tiene nada, nada. Es una cuestión de sometimiento muy evidente. En cambio, vemos la diferencia de edad, que él es residente americano, que tiene una posición económica acomodada, una red familiar, de amistades y una hermana que trabaja en el Ministerio Público. Es muy claro que hay un ejercicio de poder y de qué lado se ejerce”.
La caldense es la mayor de seis hijos. Su madre se dedica a la costura y a vender salchipapas. Al sujeto lo conoció hace casi cuatro años, luego de que él le envió una solicitud de amistad en Facebook.
“Comenzamos a hablar como amigos, después nos fuimos conociendo, parecía un tipo solitario. Ya con el tiempo él decidió ir a Colombia, conoció a mi familia, a mi mamá, nosotros somos gente humilde, pues llegó a darnos regalos, a darnos dinero, a mi hermano y a mí nos prometió una vida que nos iba a dar estudio, que nunca nos trataría mal y pues uno como humilde, tener la oportunidad de viajar a otro país pues, imagínese (…) Cuando nos vinimos para acá ya empezó a no dejarme hablar con mi familia, ni con amigos, me quebraba los celulares para que no me pudiera comunicar”, relató la riosuceña.
Contó que en una ocasión él le metió un dedo en el oído y se lo presionó tan fuerte que se lo reventó. Que ahí estaba la familia del hombre, que ella llamó a la Policía, pero que no la dejaron salir y el tipo se arregló con los agentes.
Otra vez, expresó, la tomó del cuello, la levantó y la lanzó al piso porque no había lavado la ropa. Llamó a la autoridad, llegó y se fueron luego de hablar con él. Y así aprendió que la policía no iba a hacer algo para ayudarla.
La vida que le prometieron se fue alejando cada vez más. El sujeto se ausentaba semanas. Su existencia la pasó de la puerta de su casa hacia adentro. "Solo éramos mis hijos, mis perros y mis gallinas", repitió seguido y dibujó una sonrisa fugaz cuando habló de sus animales, porque ya no los tiene y no sabe cómo pueden estar, o si comen o si toman agua.
“Mi tiempo 24/7 era para mis hijos, para mis perros y para mis gallinas, cuándo iba a conseguir para un pasaporte, para un boleto de avión para irme a Colombia, ahora para tres, nunca lo iba a conseguir, nunca”, contó, para tratar de explicar que ella no tenía la intención de irse de México con sus hijos sin el consentimiento de él.
Cuando el hombre denuncia a una mujer por violencia familiar todo procede con una inmediatez que asombra. A ella le giran una orden de aprehensión, el hombre es retirado, en este caso él tiene redes de apoyo institucionales. Ahí es donde se pregunta cómo está el sistema, porque cuando pasa con las mujeres, ellas son detenidas de inmediato, él no tiene que probar nada, el agresor es una víctima.
"Digo el agresor porque en la mayoría de los casos la mujer estaba tratando de defenderse o tenían una historia de maltrato y violencia, pero la justicia para las mujeres es muy lejana. Para nosotras no hay presunción de inocencia”, dijo Elia Orrantia, directora de la Asociación Civil Sin Violencia.
La caldense se prepara para pelear la custodia de sus hijos, en un proceso largo y complicado, pero ya no está sola.
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