LA PATRIA | MANIZALES
Se ratificó ayer la culpabilidad de Julián David Granada Villegas en el homicidio de Nelson Humberto Ríos Espinosa, ocurrido entre la noche del 14 de mayo del 2017 y el amanecer siguiente, en San Félix (Salamina). Serán ocho años que pasará en detención domiciliaria por homicidio agravado, con el atenuante de la ira.
Así lo indicó el Tribunal Superior de Manizales que, sin embargo, puso una condición. Le dio dos meses al sentenciado, a partir de la definición del valor de los perjuicios ocasionados, para que repare a los familiares de Ríos Espinosa. Si no cumple con este requisito, le cambiarán la medida de aseguramiento por una en la cárcel.
Las víctimas tienen 30 días para tramitar el incidente de reparación integral. En él, un juez tasará el valor a cancelar.
César Augusto López, abogado del condenado, explicó ayer que este caso causó estupor en el corregimiento por la forma en que se dio el asesinato: A varillazos. Todo terminó mal: Uno en la cárcel y otro en el cementario.
"Mi defendido, en un arranque emocional, mató a la otra persona. Ambos estaban involucrados con la misma mujer, una docente de 35 años, lo que les generó enemistad. El occiso fue más agresivo y provocador. Por eso el atenuante de la ira", manifestó.
La defensa de las víctimas pidió que Granadas Villegas pagará su pena en la cárcel, "pues darle detención en la casa era mandarle un mal mensaje a la comunidad sobre la forma como opera la justicia". Por la ira se preacordó una pena de ocho años, aunque la mínima para ese delito es de seis. El juez otorgó la domiciliaria por ser una sentencia menor a 96 meses y no tratarse de un homicidio con sevicia.
El día de los hechos, el asesino esperó a que su víctima llegara a la casa. Lo aguardó en la puerta y lo atacó con una varilla. Al homicida lo llevaron a audiencia ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Salamina, no aceptó los cargos, pero lo mandaron para la cárcel.
Surtido todo el proceso, la defensa del sindicado y la Fiscalía llegaron a un preacuerdo antes del juicio oral. La defensa de la familia del fallecido apeló, pues consideró que se violentaban los derechos fundamentales de las víctimas y su aspiración de justicia. "Es un homicidio premeditado y con sevicia", dijo. Quería una pena de 40 años.
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