Le negaron la prisión domiciliaria a exsecretario de Planeación de Chinchiná

LA PATRIA | MANIZALES

Julián Vargas Blandón, exsecretario de Planeación de Chinchiná y condenado a 13 años de prisión intramural, pidió que se le concediera la casa por cárcel, pero se la negaron porque no convencieron los motivos por los que hizo la solicitud.

Al solicitante lo condenaron junto con el exalcalde Jair Tabares (12 años y 6 meses) y el contratista Jaime León (9 años y 4 meses), tras verse involucrados en una causa penal por un contrato que nunca se ejecutó.

Las razones que expuso Vargas Blandón para intentar acceder a la domiciliaria eran de orden familiar. Su defensor expuso que se necesitaba cambiar el sitio de reclusión para que estuviera cerca de la mamá y la hermana, quienes tienen quebrantos de salud.

Así mismo, adujo que sus dos parientes lo necesitaban para que fuera su cuidador y por las aflicciones que han padecido por el tiempo que aquel ha permanecido encerrado en función de la condena impuesta.

En este sentido se presentó como un jefe de familia protector de las dos mujeres. Presentaron ante un juzgado de ejecución de penas de medidas una documentación que luego de ser valorada por el despacho se llegó a la conclusión de que no reunía los requisitos.

Se recuerda que la condena contra Varga Blandón y los otros fue proferida hace dos años, por lo que aún le faltan unos 11 años, que al final serían menos por los descuentos a los que tendría derecho por estudio, trabajo y buena conducta.

En primera instancia se determinó que la protección que requieren las mujeres estaba satisfecha sin necesidad de que estuviera el condenado en el domicilio. Además, cuentan con ingresos económicos para suplir otras carencias.

La defensa apeló porque consideró que la decisión se fundamentó en lo económico y no tuvo en cuenta los lazos afectivos y el impacto psicológico que representa la situación actual de las familiares de Vargas.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Manizales ratificó la decisión de negar al domiciliaria y agregó que si bien la reclusión altera las condiciones familiares de existencia, “no es razón suficiente para otorgar la prisión domiciliaria, ya que de este modo la inmensa mayoría de la población reclusa esquivaría su justa sanción”.