LA PATRIA | MANIZALES

En los juzgados penales del circuito de Manizales, casi a diario, se desarrollan audiencias por omisión de agente retenedor, que establece penas entre los 4 y 9 años.

Pero, ¿de qué se trata? Es cuando, pese a los llamados y notificaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en desarrollo de las acciones de cobro y fiscalización, no se efectúan los pagos por concepto de IVA, retención e impoconsumo en los plazos establecidos.

Obviamente, para llegar a esa condena se da primero la denuncia penal y luego el proceso judicial. "Cuando la deuda determinada corresponda a retenciones, al impuesto sobre las ventas o al impuesto nacional al consumo, y la mora en la cancelación del saldo sea superior a dos meses, se trasladarán los insumos para la instauración de la denuncia penal", manifestó la entidad.

Aseguró que ha denunciado penalmente a 8 mil 164 contribuyentes morosos en el país, que le adeudan cerca de $376 mil millones.

Anunció que, en compañía de la Fiscalía, adelanta acciones para imputarles cargos a los primeros 177 contribuyentes. De esos, 132 en Bogotá y 35 en Medellín. Luego seguirán en resto del país. De Manizales aún no tienen el dato.

Un juez penal de Manizales le manifestó a este medio que muchas personas terminan involucradas en estos procesos porque se ven acorraladas al tener que pagar varios impuestos. Algunas terminan absueltas porque demuestran su iliquidez.

Un caso

• Jorge fue denunciando penalmente por la DIAN por no pagar el IVA que generó la explotación económica de su expendio de comidas.
• La declaración fue por $4 millones 362 mil, pero no la canceló, pese a que lo requirieron, advirtiéndole que además debía pagar los intereses de mora.
• Le imputaron cargos, que no aceptó. Luego, en otra audiencia, sí lo hizo. Lo condenaron en noviembre pasado a 32 meses de prisión y una multa de $5 millones 816 mil.
• En diciembre, el abogado de la DIAN solicitó tramitar el incidente de reparación integral, para que el sentenciado les resarciera los daños causados con la conducta criminal.
• En febrero pasado la DIAN pidió como indemnización $15 millones 779 mil: $4 millones 362 mil de daño emergente y el resto de lucro cesante.