La dejaron sin finca por haber sembrado coca en Samaná

LA PATRIA | MANIZALES

En la vereda La Vención (Samaná) había confusión el pasado viernes. Los vecinos no se explicaban por qué unas personas llegaron a la casa de María Ligia Ramírez Arroyave para ocupar el inmueble, de unas ocho hectáreas en pasto y caña.

Funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) les explicaron que la finca de María Ligia fue objeto de extinción de dominio, luego de un proceso que le siguió la Fiscalía porque en la época de la violencia en el oriente sembró coca.

"O siembran coca, o se van y vienen otros que no les da miedo", les dijeron los guerrilleros del Frente 47 de las Farc a Ligia, su esposo y sus hijos, en Samaná, en el 2008.

"No nos quedaba otra opción, para dónde nos íbamos a ir si aquí teníamos la caña y el pasto para subsistir", comentó la señora, que tuvo esa finca durante 19 años. Su esposo ya falleció.

Víctima

El viernes, la finca estaba sola. María Ligia ya sabía lo que le esperaba y prefirió marcharse de la vereda en busca de mejor futuro. Los vecinos no saben dónde está, pero contaron que la señora es una víctima. Aseguran que les compró los derechos del predio a unos hijastros, que no le contaron que la finca tenía ese proceso encima. "Pagó sin tener velas en ese entierro", expresaron.

En la casa vivían María Ligia y sus tres hijos: una joven, otro que es ciego y el restante que trabajaba la tierra para darles el sustento. "¿Quién sabe dónde andarán y si están mejor?", explicó otro vecino.

Esta misma situación la soportan 33 familias de Pensilvania y cinco de Samaná, como lo contó este medio el pasado 17 de abril, en el artículo "¡Maldita coca!"

Los acusan de sembrarla en sus predios en años anteriores. Ellos repiten lo mismo: la guerrilla nos obligó.

Los procesos de extinción arrancaron hace varios años, estuvieron inactivos un tiempo, pero ahora la SAE (antes Dirección Nacional de Estupefacientes) los reactivó.

En el Consejo Departamental de Estupefacientes, que se realizó el mes pasado en Manizales, el gobernador (e), Ricardo Gómez Giraldo, dijo que tratarán de frenar los procesos de extinción que enfrentan estas familias.

"Nos tocó pedir que los personeros de Samaná y Pensilvania, el secretario de Gobierno, Fiscalía y Procuraduría buscaran a la Defensoría de Pueblo para que contribuya en esta labor. Enviaremos una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes diciéndole que cese ese proceso".

La SAE le dijo a LA PATRIA, en días pasados, que la entidad solo se encarga de la custodia y eficiente administración de los bienes, y de ninguna manera su misión es adelantar procesos de extinción del derecho de dominio y conexos.

En Pensilvania, un afectado contó que no les han vuelto a decir nada. Solo escucharon que dos familias, de apellido Obando, se libraron porque contrataron abogado.

El dato

Caldas está libre de cultivos ilícitos, luego de que entre el 2000 y el 2006 alteraron la producción cafetera, base de la agricultura y su economía.