Futbolista se atrasó en pagos a víctimas de accidente en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

El futbolista David Alejandro Gómez podría ir a juicio por homicidio culposo y lesiones culposas, debido al accidente de tránsito que le costó la vida a Ofelia Morales de Hernández y le provocó lesiones a María Nubiola Salazar Noreña, hace dos años en el sector Ondas del Otún.

El vehículo era de Gómez. Se recuerda que al momento del siniestro no contaba con seguro de responsabilidad civil por daño a terceros. Aunque hubo un acuerdo de conciliación reciente, el deportista se atrasó en los pagos pactados.

Carlos Iván García, abogado de las víctimas, indicó que luego de la audiencia preparatoria, que se realizó en junio pasado, hubo un acuerdo el pasado 10 de julio.

Aunque no reveló el monto de la indemnización, reconoció que se pactaron 11 cuotas. García indicó que Gómez pagó el 50% de la primera cuota el pasado 10 de agosto, pero no ha cancelado el resto, mientras que la segunda cuota, pactada para el 10 de septiembre, tampoco la canceló. Mañana se vence el plazo para que pague la tercera cuota.

El camino que le quedaría a los afectados es interponer una demanda ejecutiva contra el deportista, en la que exijan el pago total de la obligación.

Razón del atraso

El abogado Camilo Cardona, defensor del jugador, manifestó que “desde la parte penal el proceso está suspendido porque se llegó a un acuerdo de conciliación ante la Notaría Primera de Manizales”.

Reconoció que hay un pago parcial de la obligación. “El ánimo conciliatorio existe porque David Gómez siempre ha estado pendiente tanto al proceso penal como civil”.

Anotó que no ha sido intención del jugador quedar atrasado en la obligación. “Hay una situación pendiente, que es una venta de un bien que tiene y que se ha demorado un poco el pago a su favor. Por eso es que hay un pago parcial y no total de la obligación sobre lo que se acordó”.

Indicó que el acuerdo conciliatorio tiene efectos en lo penal y la vía que se desprende del mismo es la civil. Le corresponde a la Fiscalía determinar hasta cuando se mantiene la suspensión del proceso penal.