Exalcalde de Aguadas, enviado a La Picota

LA PATRIA| MANIZALES

Un juzgado de control de garantías de Bogotá envió al mediodía de ayer a la cárcel La Picota a Diego Fernando González, exalcalde de Aguadas, quien renunció el jueves a su cargo, por estar inmerso en el caso de corrupción denominado Las Marionetas. Aunque no aceptó cargos, su abogado, César Augusto López, buscará un allanamiento preacordado más adelante.

Su candidatura fue avalado por el Partido Liberal y apoyado por el MIRA y la Alianza Verde. La Fiscalía le atribuyó lo siguiente: "Celebró dos contratos por un monto de $1.563 millones con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío. El objeto era el mantenimiento y la repavimentación de vías terciarias. Con esos recursos se firmaron seis subcontratos para realizar obras en nueve veredas. Dichos trabajos fueron entregados a contratistas de la red de corrupción. En total se investigan 15 contratos por valor de $4.747 millones. Le registraron 68 llamadas interceptadas".

A los demás procesados de Aguadas, Fabio Andrés Rodríguez, Cristian Andrés Marín, Mauricio Alberto Quiceno y su trabajador, el enfermero Álvaro Hernán Suárez, también les dictaron medida, pero domiciliaria.

A estos dos últimos los defendió Juan Manuel Ríos. "Ellos no están en las mismas condiciones de los cobijados con intramural. Carecen de antecedentes y creo que son de los pocos que logran domiciliaria sin aceptar cargos. Demostraremos su inocencia", contó el abogado.

A Olga Lucía Botero Gómez, representante legal de la Empresa Regional de Aseo del Norte de Caldas, la mandaron para el Buen Pastor, la cárcel de mujeres, de Bogotá.

Los exalcaldes de La Merced y Villamaría preacordaron 53 meses de pena y tienen domiciliaria.

Los alcaldes encargados: Ana Cristina Soto Ríos, Aguadas; Santiago Castro Carmona, de La Merced; y Lina Patricia Llano Díaz, alcaldesa de Villamaría.

*Van 33 capturas en este proceso en todo el país, hasta el momento se han verificado 114 contratos, que ascienden a $112 mil millones.

Les dieron medida de aseguramiento porque la jueza consideró que tienen ascendencia frente a los otros cuatro procesados de Aguadas y además pueden obstruir la justicia.