El resguardo de San Lorenzo en Riosucio (Caldas) avanza en reparación por hechos del conflicto

LA PATRIA | MANIZALES

15 meses después de que un juzgado de restitución de tierras amparara los derechos del resguardo indígena San Lorenzo, de Riosucio, la mayoría de reparaciones ordenadas se encuentran en concertación con instituciones y entes territoriales y nacionales. Entre las más esperadas están los proyectos productivos.

Una base de la acción de tutela 025 del 19 de diciembre del 2018, la constituyó la orden al Estado de pedir perdón a la comunidad por los daños causados por la Fuerza Pública al resguardo, considerado víctima, con ocasión del conflicto armado.

En total son 27 mandatos, de un total de 30 pretensiones, que contiene la sentencia y que comprometen a entidades del orden público a adelantar las acciones de reparación por los hechos victimizantes, entre ellos homicidios, desapariciones, desplazamientos y pérdida de territorio.

El 19 de julio del año el entonces gobernador de Caldas Guido Echeverri, llevó a cabo el acto de petición de perdón público a la comunidad, en el corazón del resguardo, conforme lo exigió la decisión judicial.

En este sentido se recuerda que en 1996 un exfuncionario de la Gobernación Departamental señaló que las tierras del resguardo y de los indígenas de Caldas “terminaron en manos de la guerrilla”.

Así mismo, señalo que la entonces Granja Escuela para la Vida era un campo de entrenamiento de la guerrilla, por lo que –según el juez– los grupos armados focalizaron a líderes y lideresas, atentaron contra ellos e, incluso, algunos tuvieron que desplazarse para preservar su vida.

Arbey Gañan, quien fuera gobernador del resguardo en el 2004 y Norman Bañol, gobernador en el 2014, entre otros, impulsaron la acción de tutela ya mencionada.

Gañán, actualmente integrante del comité de derechos humanos del CRIDEC, resaltó que las órdenes judiciales las deben cumplir las alcaldías de Riosucio y Supía, la Gobernación de Caldas, Corpocaldas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Resaltó que debido a la amplitud de las decisiones se instaló una comisión en la que participan comuneros del resguardo y representantes de las entidades y entes territoriales. Indicó que hay un plan de implementación, ya que se requiere elaborar los proyectos en concertación.

La última evaluación se realizó hace 15 días. “Hay instituciones con voluntad y otras más cerradas”, analizó el coautor de la tutela. Se espera que en los próximos días la juez que emitió el fallo llame a las entidades para hacer un seguimiento, dijo Gañán.

Proyectos productivos

Para este año se espera que se cumpla con el punto de implementación de proyectos productivos. La inversión, de acuerdo con lo estimado, sería de unos $600 millones, a través del Ministerio de Agricultura. En este aspecto, varios puntos del fallo judicial apuntan a la consolidación del territorio ancestral. San Lorenzo tiene tierras productivas ubicadas en todos los pisos térmicos, por lo que los proyectos que se instalen tienen altas probabilidades de perdurar.