LA PATRIA | MANIZALES

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir un proceso contra el representante Liberal por Caldas José Luis Correa, tras estudiar una denuncia interpuesta en su contra por concusión.

Los hechos materia de queja tuvieron lugar durante un debate de control en la Comisión Séptima de la Cámara, por algunos cuestionamientos que, según los representantes de Asmet Salud y Coosalud, constituirían delito.

El debate se llevó a cabo el 7 de diciembre del año pasado, con citación al entonces superintendente de Salud. Tanto Correo como los representantes Juan Carlos Reinales y Fáber Muñoz, de Risaralda y Cauca, respectivamente, se sumaron a las críticas.

Para los denunciantes los cuestionamientos a las empresas y en especial al funcionario de vigilancia y control eran motivo de investigación penal, supuestamente por concusión, abuso de función pública y violencia contra servidor público.

Consideraron que en el desarrollo de la sesión los pronunciamientos de los congresistas constituían una coacción al funcionario mencionado.

El caldense contó para su defensa con el abogado César Augusto López. La Sala de Instrucción, al sopesar los argumentos defensivos, expresó que el control político hace parte del fuero y funciones de los congresistas, por lo que adelantó desde el inicio del análisis que los delitos pretendidos por la denuncia nunca acaecieron en cuanto a Correa y Muñoz (ver recuadro Caso Reinales).

Los magistrados coincidieron en que la Constitución y las decisiones de las cortes son amplias en asignar los roles que cumplen los elegidos para ejercer el poder legislativo.

Acerca de los hechos resaltaron que fueron varios los citantes al debate y que en una sesión anterior ya se habían declarado insatisfechos con las respuestas del funcionario, por lo que la agendada el 7 de diciembre fue una continuación para que el Superintendente fuera más claro.

Caso Reinales

Distinta suerte corrió el congresista liberal de Risaralda Juan Carlos Reinales, pues si bien la sala se inhibió de abrirle instrucción por abuso de función pública y violencia contra servidor público, sí decidió que había méritos para investigar su presunta participación por concusión agravada.

La decisión contra el risaraldense tiene que ver con reuniones que sostuvo durante el 2020 y previas a la fecha del debate con un representante de Asmet Salud, en el que habría presionado por asuntos de contratación y pagos al Hospital San Jorge de Pereira, lo mismo que otras entidades de salud con las que aseguraba tener cercanía.