Compradores de apartamentos denunciaron por estafa a constructora

LA PATRIA | MANIZALES

El plan de Constanza Cardona consistía en darle un giro a su vida, buscar la tranquilidad que ofrece Manizales para gozar de su retiro por jubilación, con su esposo, en un proyecto que ofrecía exactamente lo que buscaba.

Actualmente vive en Miami. Al igual que su cónyuge está próxima a pensionarse. Una familiar que le dio como referencia el proyecto Mirador de Altagracia la llevó a la Constructora El Ruiz.

En el 2018 se inició la negociación. Vendió un apartamento en otro sector de la ciudad y con los ahorros que tenía le entregó a esa firma $180 millones, a través de una supuesta fiducia en Bancolombia, que solo fue nombrada como Fiducuenta, pero la verdadera naturaleza la de una cuenta bancaria.

Entre el 2019 y el 2020 supo que las cosas no andaban bien con esa empresa, tanto en Manizales como con un proyecto en ejecución en Anserma, lo que pudo confirmar de forma directa al contactar a la persona con la que hizo el negocio, la esposa del representante legal.

Hace un año se llegó a una conciliación en la que la afectada desistía de la compra y la empresa se comprometía a reintegrar la totalidad del dinero en tres meses, pero ese pacto lo incumplió la última y luego no volvió a responderle sus llamadas.

Se calcula que unas 300 personas que invirtieron en los proyectos Regatta, Brizzo, Piedra Nova y Mirador de Altagracia en Manizales, y Umbrela de los Guayacanes, en Anserma, perderían su dinero a pesar de que muchos pagaron en su totalidad y que otros hicieron inversiones iniciales y se encontraban al día en sus obligaciones.

En Anserma

Otra persona que pagó la cuota inicial por $30 millones para adquirir un apartamento en Anserma, comentó que al ver su inversión amenazada acudió a Bancolombia, la acreedora hipotecaria de El Ruiz, donde se tuvo inclusive una reunión con otros afectados. En su momento se les informó que la constructora buscaba un inversionista.

Al igual que a Constanza Cardona le propusieron que desistiera de la compra para que le reintegraran el dinero, pero no se concretó porque se condicionó el negocio a que se extendiera en el acto el cheque de gerencia.

No solo lamenta su situación sino, mucho más, la de personas que cayeron en acuerdos que jamás les cumplieron y que pagaron montos más altos o la totalidad de los apartamentos.

Denuncia en vez de demanda

Erika Lucía Triana Triana Rojas, representante legal de la firma de abogados Triana Duque y Cardona, y apoderada de víctimas en la causa penal, explicó que conoce de personas que acudieron a demandas civiles y aunque las fallaron a favor la posibilidad de hacer efectivo ese título es incierta.

Aclaró que la firma mencionada tiene que cumplirle primero a la DIAN, a trabajadores que hayan demandado por salarios y al acreedor hipotecario, entre otros. De otro lado, están las irregularidades detectadas, según las averiguaciones que ha hecho la representante de los denunciantes, por lo que se descarta la acción civil y presumen un engaño a los compradores, lo que constituiría la estafa.

Estafa con agravante

La acción penal es el último recurso judicial al que se acude, cuando la gravedad de la conducta permite determinar que hay un delito (ver recuadro En síntesis). En este caso se trataría de una estafa, asegura la representante de los denunciantes.

Según el Código Penal, consiste en obtener “provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños”

Triana Rojas indicó que la estafa a sus representados sería agravada por la cuantía, ya que supera los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), llegando en este momento a los $1.800 millones, unos dos mil smlmv.

Anotó que la Fiscalía, como titular de la acción penal, conoce desde el 7 de mayo los elementos con los que inicialmente buscan probar que se trata de un delito.

En síntesis

1. El constructor adquirió un lote para edificar y sobre este constituyó una hipoteca a favor de Bancolombia, que a su vez recaía sobre cada una de las copropiedades en que se dividiera el proyecto.

2. Los compradores de vivienda invertían y daban por descontado que el constructor entregaría los apartamentos sin esos gravámenes.

3. La firma le incumplió los pagos a la entidad financiera, que a su vez inició las acciones legales para asegurar su dinero.

4. El constructor contactó a los compradores para convencerlos de que no constituyeran hipotecas sobre los apartamentos a través de bancos, sino que pagaran directamente a la firma y con un descuento.

5. Los compradores se endeudaron de otras maneras o vendieron algunos bienes sin poner como garantía el apartamento, para acogerse a la oferta del constructor.

6. Cuando los compradores han dado la totalidad del dinero y reclaman la escrituración de sus apartamentos, se dieron aplazamientos y evasivas.

7. Al parecer, para ganar tiempo, lograron convencer a algunos clientes de renunciar a la compra a cambio de devolverles el dinero, pero tampoco les cumplieron.

8. La constructora cierra sus oficinas, no contesta los teléfonos y nadie puede probar que lean los correos electrónicos, lo que significa una ruptura en la comunicación a través de los canales formales.

*El monto total de la presunta estafa se calcula entre $70 mil millones y $80 mil millones.

*Pese a que algunos ya viven en los apartamentos, el embargo a favor del banco los hará salir.

*Son cinco los denunciados penalmente: el representante legal, la esposa que hacía las ventas, un arquitecto y socio, el revisor fiscal y el contador. Por ahora los cobija la presunción de inocencia, pues solo un juez puede determinar si los condena o los absuelve.

No responden

Este medio se comunicó con varios números telefónicos que figuran como contactos comerciales, pero no responden. También se enviaron correos electrónicos que figuran como direcciones de notificaciones electrónicas en algunos procesos judiciales, pero tampoco hubo respuesta.