Charla de WhatsApp, entre las pruebas contra diputado Nicolás Aguilar

LA PATRIA | MANIZALES

Al inicio de la audiencia preparatoria ayer contra el diputado por el Centro Democrático, Nicolás Aguilar, el juez segundo penal del Circuito de Manizales le preguntó si deseaba aceptar cargos por concusión. Sin embargo, los negó.

En la diligencia de ayer se expusieron las pruebas que usarán Fiscalía y el abogado de Aguilar.

Presiones para seguir en el cargo

El delito con el que relacionan al diputado habría ocurrido entre enero y junio del 2016, cuando supuestamente le exigió dinero a un funcionario de la Asamblea de Caldas para no removerlo del puesto.

De acuerdo con las pruebas que recolectó el ente acusador, Aguilar obligó al denunciante a que le pagara multas de tránsito, le exigió dinero en efectivo, que le pagara pasajes y le comprara una impresora.

La víctima grabó las conversaciones que sostuvieron vía WhatsApp y se aportarán como pruebas. Entre los testigos contarán con el testimonio del también diputado del Centro Democrático, Jesús Antonio Corrales.

Esta última situación calentó los ánimos ayer en la Asamblea. Aguilar pidió la palabra, pero para atacar, al parecer, a Corrales.

"Fui a un diligencia promovida y financiada por un Toño, un acorralador". Corrales interrumpió y exigió respeto. "Estoy en el uso de la palabra", recalcó Aguilar. El presidente de la Corporación pidió calma y Aguilar añadió: le cuento, me fue muy bien. Me disculpo si se hieren susceptibilidades, pero no se ha dicho ninguna mentira.

Este proceso no quiere decir que el imputado sea culpable, simplemente que en su contra se adelanta una investigación y será un juez de la República el que decidirá si lo condena o lo absuelve.

En el Código Penal

El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de 8 a 15 años y multa de $52 millones hasta $117 millones e inhabilitación para ejercer cargos públicos.