LA PATRIA | MANIZALES

Estaba libre y seguirá libre. Un juez puso fin a la pesadilla que el campesino Orlando Castañeda Rojas, de la vereda Pradera, de Victoria, vivió durante tres años y dos meses por cuenta de una supuesta caleta que Ejército y Policía le hallaron en su finca.

La semana pasada, un juzgado de Manizales emitió el sentido de fallo absolutorio, pues se consideró que las pruebas no eran contundentes. El supuesto positivo fue publicado por varios medios de comunicación el 19 de enero del 2012. El boletín reseñaba el hallazgo en esa vereda de cuatro escopetas, 51 gramos de los explosivos Indugel y C4, tres celulares, un tarro de pólvora negra, entre otros elementos. Según el informe, unos sospechosos huyeron en moto y dejaron el material escondido en una casa.

Por ese caso judicializaron a Castañeda Rojas, pero los hechos, del 16 enero del 2012, se mostraron de otra manera. En juicio se conoció que ese día llegaron 4 policías y 10 soldados a hacer un allanamiento en busca de unos supuestos paramilitares. Entraron a las malas, según narró el hijo del campesino. "Me sacaron a pata de la cama". Luego, dijeron que hallaron explosivos, escopetas y prendas militares en el solar de la vivienda.

Inconsistencias

Verónica Galvis, abogada defensora del campesino, explicó que en el juicio declaró un policía que participó en el operativo y aseguró que unas cosas las hallaron en el solar y, otras, en una pieza de reblujos.

"La Fiscalía quería traer al cabo del Ejército que lideró el operativo, pero no lo encontraron. El policía expresó que las cosas las encontró el Ejército. Sin embargo, los allanamientos solo los hace la Policía. Además, que Orlando los dejó entrar voluntariamente, pero la víctima y los vecinos declararon que fue a la fuerza y que el campesino se quedó sentado en una acera. No hay constancia de que pidieron permiso. Dejó muchas dudas", indicó la defensora.

Adicional a eso, en el juicio se cuestionó que si tenía todas esas cosas, ¿Porqué no lo detuvieron y solo en el 2013 le imputaron cargos? La Fiscalía pidió medida de aseguramiento y el juez la negó. El ente acusador no apeló.

La semana pasada, durante cuatro días de juicio, tres fueron para presentar a los testigos de la defensa.

"Un uniformado de la Sijín de La Dorada expresó que en el informe que le entregaron no había fotos, pese a que los vecinos indicaron que sí las tomaron. Solo presentaron el acta de incautación, firmada por el cabo del Ejército. También estuvieron como testigos los dos supuestos paramilitares que buscaban ese día del allanamiento y resultó que son personas de bien, sin antecedentes y que visitaban a Orlando para ir de pesca", explicó Galvis.

Los vecinos manifestaron que por estar en zona de conflicto y sin vigilancia, es común que la gente tenga armas para defenderse de los animales que salen en la noche y de los delincuentes.

Otra historia

El fiscal reportó que en enero del 2007, Orlando fue capturado en compañía de unos 'paras', pero no se tuvo más información de eso, ni lo judicializaron. Testigos corroboraron que unos soldados sacaron al campesino de su casa para hacerle unas preguntas y se lo llevaron a una finca cercana. La esposa de Orlando habló con los vecinos y, juntos, fueron a que se los devolvieran.

El campesino, en juicio, habló de ese caso y confesó que lo torturaron, pues lo golpeaban y le metían la cabeza, con la nariz tapada, en un tanque lleno de agua al tiempo que le exigían decir dónde estaban los paramilitares. Esta situación, unida a la del allanamiento, hizo que Orlando le tuviese miedo a la Policía y el Ejército, explicaron sus conocidos.

Según la abogada, en la lectura de sentencia, el próximo 4 de mayo, se conocerá si la Fiscalía Primera Especializada apela del fallo y, además, si el juez ordena investigar a los uniformados.

"Ahora, con la absolución del juez, encontré la mejor manera de limpiar mi nombre", concluyó Orlando.

El dato

El campesino se enfrentaba a una pena mínima de 25 años.