LA PATRIA | MANIZALES
Andrey Álvarez Castillo se le acercó al policía y le dijo: vea cómo me dejó. El uniformado miró al niño y solo atinó a retirarse del lugar, sin decir nada. La escena fue en el barrio Samaria, de Manizales. Andrey, con tan solo siete años, se enfrentó a su verdugo, quien seis años atrás, un 17 de febrero del 2008, en una acción policial en la cuadra
de la carrera 8ªB con 51, del barrio Comuneros, disparó y desafortunamente impactó en la cabeza de este menor, de apenas 13 meses de nacido. Le afectó el 25% del cerebro.
El pasado 2 de diciembre, el Tribunal Administrativo de Caldas, en fallo de segunda instancia, determinó que Andrey y su familia deben ser indemnizados por el Ministerio de Defensa y la Policía. Además, afiliarlo a salud y correr con todos los gastos quirúrgicos que requiera el menor en adelante, de por vida; y pagarle una pensión de invalidez de un salario mínimo mensual vigente, desde el momento en que cumpla los 18 años. Es decir, desde el 3 de enero de 2025 y hasta su fallecimiento.
Mónica María Castillo, madre de Andrey, se mostró tranquila y a la vez contenta porque es mucho lo que les ha tocado sufrir para salir adelante con el niño. "Se hace al menos justicia y se reconoce, aunque sea económicamente, las posibilidades de una mejor vida que el policía le quitó a mi niño. Ahora podemos seguir adelante con él".
Sin embargo, lo que más le duele a esta familia es que el uniformado jamás aceptó su responsabilidad. Es más, fue absuelto por la Justicia Penal Militar, "porque no tuvo la intención de disparar y no supo para dónde cogió la bala". Aún labora en Caldas.
"Nosotros lo conocemos, no tengo nada contra la Policía, pero jamás se apersonó de la situación de mi hijo, ni preguntó por él, ni ofreció disculpas. Cuando me ve se voltea, pero lo perdonaría", expresó la madre.
Los seis años han sido duros, pero ha podido más el amor por su hijo y por eso decidió ponerse al frente del cañón. Mónica y su esposa laboran en lavaderos, y con esos ingresos, más ayudas de la gente, asumieron las dos cirugías del menor: la del día del accidente y la de la reconstrucción. Lo más difícil ha sido lo de los medicamentos, por lo costosos. No le ha importado trasnochar, amanecer, pedir, caminar.
"Le pusieron unos tornillos en la cabeza y siempre se golpea con ellos, pero la neurocirujana dice que no se le pueden retirar", explicó, al tiempo que mostró los moretones de los golpes en manos y orejas que el niño se ha hecho involuntariamente.
Andrey no estudia, pues las instituciones donde lo pueden albergar son costosas. Estuvo en dos escuelas, pero lo expulsaron porque no podían controlarlo. El niño sufre convulsiones y tiene parálisis derecha. Comparte con otros menores, dijo su abuela, pero es muy llevado del parecer y a veces se torna agresivo.
"Toma un medicamento genérico, que no le sirve. El que sí, es muy costoso. Le he dicho a la especialista que se lo mandé, que yo me encargo del resto. Estoy esperando otra cita haber qué pasa, pues el actual le genera vómito, diarrea y desnutrición severa".
José Fernando Mancera, abogado que llevó el caso de esta familia, expresó que es un fallo importante en reconocimiento de perjuicios, pues en el país solo hay tres sentencias iguales en las que ordenan pensión de invalidez para menores de edad.
"Cuando cumpla la mayoría de edad será incorporado a la nómina de Mindefensa y Policía. Recibirá todos los tratamientos quirúrgicos necesarios. Hablé con el magistrado y la idea es entregar rápido todos los papeles para que el niño pase del régimen subsidiado al régimen de cuidado de la Policía. Por perjuicios morales serán cerca de $500 millones".
Ayer, mientras Andrey corría de lado a lado en la oficina del abogado, su madre hacía cuentas alegres: comprar dos taxis, darle la universidad a la hija mayor, celebrarla los 15 a la otra y poder pagarle, lo que valga, una institución que le brinde a Andrey la educación que siempre ha querido y esperado.
El abogado José Fernando Mancera explicó que fue clave demostrar que el arma que se accionó el día del supuesto enfrentamiento entre delincuencia y policía era de un uniformado. "No debía disparar en una zona con tantas casas y tan concurrida. Además, no hubo capturas".
Andrey tiene lesiones a futuro y quedó con residuos del disparo en su cabeza, que no pueden ser retirados, pues complicaría su situación.
El día del hecho, la abuela de Andrey lo levantó, porque se iba a caer, y fue ahí cuando lo impactó la bala.
Manizales. La Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía son patrimonialmente responsables de las lesiones de permanentes e irreversibles que sufrió Atanasio Rodrigo Zuluaga Arbeláez, el 26 de julio de 2000, en Manizales, tras recibir un disparo de un policía.
Así lo estableció la sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia, tras ratificar el fallo de primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, el 19 de agosto del 2004. Zuluaga Arbeláez resultó herido cuando el uniformado perseguía a un sicario. El policía accionó su arma de dotación, con tan mala suerte que impactó al ciudadano.
Los hechos ocurrieron en la carrera 23 con calle 16. Atanasio salía de su trabajo y ahí, cerca, habían matado a un ciudadano. Un policía de carreteras perseguía al sicario y disparó de manera indiscriminada. Un tiro impactó en el rostro del demandante, lo que le generó una desfiguración facial permanente en el pómulo izquierdo.
Atanasio recibirá $201 millones por perjuicios morales, materiales y fisiológicos. El resto de su familia (papá, mamá, esposa, hija e hijo), $92 millones.
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