Alcalde de La Merced, involucrado en lavado de activos

LA PATRIA | MANIZALES

Jhónatan Manuel Vásquez Duque, alcalde de La Merced, se encuentra privado de la libertad, de nuevo, por cuenta de otro proceso en su contra, en el que también está involucrada su esposa y otras dos personas.

Esta vez la Fiscalía y la Dijín cumplieron una orden de captura en su contra, por un presunto lavado de activos, según lo que trascendió ayer. Al mandatario lo detuvieron a primera hora de la mañana de ayer.

La investigación la adelanta la Unidad Especial contra el Crimen Organizado, con sede en la capital de Risaralda. Se esperaba que las audiencias concentradas de control de garantías se iniciaran ayer, pero a última hora se aplazó para hoy.

Se recuerda que tras la captura a una persona se tienen 36 horas para dar comienzo a las audiencias que comprenden la legalización de la captura, la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Se realizarán ante un juez con función de control de garantías de Pereira.

Proceso anterior

El año pasado a Vásquez Duque le tocó enfrentar señalamientos que le hizo el exjefe paramilitar de Caldas Fabio César Mejía, alias Jhónatan, por una presunta responsabilidad del hoy alcalde en un doble homicidio, ocurrido en el 2001.

Esta situación hechos lo llevó a enfrentar el final de la campaña a la Alcaldía en prisión, aunque luego le concedieron la domiciliaria y permiso para trabajar. La medida se mantuvo durante los primeros meses de su mandato.

Sin embargo, en abril de este año la misma Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación. En ese momento se reveló la existencia de un cartel de falsos testigos, que extorsionaban a otras personas para no involucrarlas en homicidios.

Se presume inocente

Lo anterior no quiere decir que el alcalde y demás capturados sean culpables, sino que están vinculados a una investigación. Será un juez el que determine si lo condena o lo absuelve al final del proceso que apenas empieza.

Lavado de activos

El Código Penal describe que comete este delito el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen en una serie de actividades ilícitas o les dé apariencia de legalidad. La pena mínima es de 10 años.