Sin Fiscal, otra vez

Era previsible, desde su misma elección, que en algún momento Viviane Morales Hoyos podría ser separada del cargo de Fiscal General de la Nación, por los vicios de trámite que se dieron en la Corte Suprema de Justicia para su designación. Ya lo habíamos advertido desde cuando se anunció que esta abogada estaría al frente de dicho organismo, debido a los cambios que se hicieron en la terna propuesta por el Presidente de la República y a las demandas que aparecieron de inmediato por quienes se sintieron afectados.

La contundente decisión del Consejo de Estado surgió, sin embargo, al observar los errores en cuanto al quórum en la Corte, ya que fue elegida por 14 de los 23 magistrados de ese alto tribunal, cuando debía contar con el consentimiento de al menos 16. Tal equivocación ya fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia, la cual habría tenido como origen la ausencia de cinco magistrados en el momento de la votación.

Hoy es un hecho que Colombia no tiene Fiscal en propiedad y que estamos en una situación similar a la vivida desde mediados del 2009 a finales del 2010, cuando Guillermo Mendoza Diago estuvo al frente del organismo acusador en calidad de interino. Ese papel lo cumplirá ahora Wilson Alejandro Martínez Sánchez, quien deberá asumir de inmediato casos tan complejos como el de las "Chuzadas" del DAS, Agro Ingreso Seguro, la "Yidispolítica", el proceso al excomisionado Luis Carlos Restrepo, los "carruseles" de la contratación y de la salud, y la investigación del magnicidio de Luis Carlos Galán, entre otros.

Estamos, realmente, ante un panorama confuso; una cadena de errores que no se entiende bien cómo pudieron hilvanarse para que, durante poco más de un año, Colombia tuviera una Fiscal ilegalmente elegida. Por esto mismo, bien valdría la pena analizar si los magistrados que la seleccionaron y se mantuvieron en su determinación pese al riesgo de que dicha escogencia resultara ilegal deberían ser objeto, al menos, de una investigación disciplinaria.

Sin que haya tenido qué ver en la determinación del Consejo de Estado de declarar nula su elección, no es un secreto que para muchos resultaba incómodo que Morales investigara casos relacionados con el paramilitarismo, estando casada con el polémico excongresista Carlos Alonso Lucio, quien hace muchos años militó en filas guerrilleras y más recientemente asesoró a jefes de las Auc en Santafé de Ralito.

Aunque con el cambio de un funcionario no debería existir el riesgo de que se afecte el proceso de justicia, con la salida de Morales en este momento muchos tienen el temor de que comience a imperar la impunidad en varios de los procesos que lleva la Fiscalía General de la Nación. Esperamos que haya decisiones prontas del presidente Juan Manuel Santos y de la Corte Suprema de Justicia, para que muy rápido haya alguien que pueda asumir el cargo sin el riesgo de que quede a mitad de camino.

El Gobierno Nacional tiene ahora el reto de conformar una nueva terna, en la que podría volver a estar Morales, para que la Corte Suprema escoja a quien tomará de nuevo el cargo en propiedad. La esperanza es que la nueva terna esté compuesta por juristas sin tacha, de los más altos niveles profesionales y éticos, para que Colombia no vuelva a quedar en el aire en esta vital materia. Los procesos que se llevan allí son de tal relieve que no puede haber equivocación, y ojalá esta vez no tenga que pasar demasiado tiempo para el humo blanco.

Se necesita allí alguien totalmente independiente y comprometido con atacar la corrupción en todas sus formas. Alguien que entienda su compromiso con la sociedad para oponerse al crimen organizado y ayudar a controlar las situaciones de violencia en campos y ciudades a través de una política criminal coherente.