Procuraduría y Contraloría solicitan liquidación de Medimás

Colprensa | LA PATRIA

Tras múltiples intentos por sacar a Medimás de la crisis financiera en que se encuentra y que afecta a sus 3 millones de afilados, la Procuraduría General y la Contraloría General solicitaron la liquidación de la EPS.

"Las medidas de vigilancia han sido ineficaces e inconducentes. En vez de mejorar, se agravan todos los incumplimientos. Las metas financieras están en rojo", afirmó ayer el procurador general, Fernando Carrillo.

Agregó que el proceso no se puede dilatar y que serán los administradores de Medimás quienes respondan. "Queremos ver una acción del Estado que, prioritariamente, proteja los derechos de los pacientes", añadió.

El contralor, Carlos Felipe Córdoba, afirmó que Medimás no está preparada financieramente para atender a los más de 3 millones de ciudadanos que tiene afiliados. Pasaron de tener deudas por $2 billones en el 2018, a deudas de $2,8 billones en el 2019".

El contralor añadió que en las auditorías realizadas por el ente de control se evidencia un acelerado deterioro; "el patrimonio de Medimás, que en diciembre del 2018 disminuyó $161 mil millones, se redujo 11 meses después alrededor de $900 mil millones".

Córdoba también dijo que en intervenciones de la Contraloría se determinó que "había fallecidos que seguían siendo atendidos por de Medimás, así como altos costos pagados por medicamentos".

Cabe recordar que el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, ya le había advertido al ministro de Salud (e), Iván Darío González, sobre "las conductas representadas en acciones y omisiones desplegadas por Medimás EPS, que indiscutiblemente generan una afectación grave a la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de sus afiliados, por las falencias del PBS y el desvío y pérdida de recursos públicos de la seguridad social".

Perjudicada

Medimás, por su parte, respondió que las acciones tomadas por el procurador perjudicaron la EPS en vez de contribuir a superar su crisis financiera.

"Las actuaciones del procurador, desde septiembre del 2017, constituyen claras extralimitaciones a sus funciones de prevención, que se limitan a detectar y advertir situaciones, pero de ninguna manera a usar el poder disciplinario para coaccionar o amenazar a funcionarios de otras entidades para que obedezcan sus órdenes", dijo la entidad en un comunicado.

Además, la EPS señaló que hay un evidente conflicto de intereses del defensor del Pueblo, "a sabiendas de que dos familiares suyos son contraparte de Medimás y se beneficiarían de una eventual intervención y liquidación de Medimás".

La EPS también expuso que teniendo en cuenta una posible emergencia por cuenta de los retos que representa el coronavirus "resulta inadmisible que el procurador general busque dejar a más de tres millones de usuarios sin una respuesta oportuna en caso de que se concreten los riesgos que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud".