EDUCAL hace un llamado a la prudencia por la defensa de la vida

LA PATRIA | PUBLIRREPORTAJE

La Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19 le ha permitido al Gobierno Nacional, a través de sus facultades extraordinarias, seguir tomando toda una serie de medidas que ponen a la economía (y a sus grandes beneficiarios) por encima de la vida, mientras presta oídos sordos a las peticiones y demandas de los sectores sociales, alternativos y sindicales.

En el caso del sector educativo, que padece una grave crisis de desfinanciación, causada por los recortes de recursos que impusieron las Reformas Constitucionales de los años 2001 y 2007 y sin nuevos presupuestos que cubran esos faltantes, por una parte, suspende las mesas de negociación de la Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, SGP, y de la disminución de las relaciones técnicas alumnos-docente, aspectos claves para inyectar nuevos recursos y disminuir el hacinamiento y, de otra, expide la Directiva Ministerial Número 11, para exigir el reingreso a los colegios y escuelas, con alternancia, a partir del 1 de agosto.

Estas decisiones, desacertadas e irresponsables, se dan en el mismo momento en que instituciones nacionales e internacionales de salud, organizaciones científicas y de expertos en epidemiología y virología, señalan que:

“Hay un aumento vertiginoso de contagios que apenas supera el 50% de la curva de crecimiento”; “el % de las camas UCI y la capacidad de reproducción de la epidemia está por encima de 1”; “el pico epidemiológico podría presentarse en el mes de julio o de agosto”; “Colombia superó los 200.000 contagios, superando a China, que tiene miles de millones más de habitantes”; “la cifra de 5.335 casos y muertes en un día, ubica a Colombia en el 7 lugar en nuevos casos positivos en el mundo y el 6 lugar en fallecimientos”; “el 17 de julio el número de contagios fue de 8.934 siendo el día con más casos en la historia de la nación y la 6 nación con más contagios en el continente”; “en los 32 departamentos ya hay presencia del virus”; “los casos siguen aumentando considerablemente desde el 1 de junio”; “los rebrotes en países como Francia, China, Israel, se dieron al reabrir escuelas y colegios”; “América Latina es el nuevo foco de contagios”; “El 50% puede ser gente asintomática; es decir, que no tiene síntomas pero puede llevar el contagio a donde vaya”; “el virus produce problemas graves de salud, pues no es respiratorio puro, sino, también, cardiovascular y afecta el cerebro, disminuye el sentido del olfato y en los niños está desarrollando el síndrome de Kawasaki”; “el aumento de casos está estrictamente ligado a la mayor cantidad de gente en la calle y a la flexibilización del aislamiento”; “niños y adolescentes tienen las mismas posibilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad”; “la norma social será el distanciamiento y las aglomeraciones tendrán que ser evitadas”; “No es el momento de bajar la guardia y es necesario extremar las medidas de autocuidado”.

Igualmente, en el sector salud, que es vital y, por ende, la primera línea a ser atendida, subsisten las problemáticas de la Ley 100 de 1993: no llegan los recursos a las IPS y las EPS no les pagan las deudas; el personal de salud es contratado bajo figuras de tercerización; no dotan al personal de salud de los implementos adecuados de bioseguridad; por falta de facturación se han disminuido los recursos para la subsistencia del sector; no existen las UCI suficientes para atender la velocidad del contagio; y siguen falleciendo personal de salud por el contagio del virus. En el caso de Manizales, según el secretario de Salud, la ocupación de las UCI es del 68.5% y, en Caldas, no se han reforzado las UCI de los hospitales referenciados para las subregiones (Salamina, Riosucio, Chinchiná) y las EPS les adeudan a los hospitales $194.641 millones.

Como si lo anterior no fuera suficiente, ¡ni qué decir del pésimo servicio de salud del magisterio y sus familias!, que ni siquiera cuentan con la contratación de una entidad que cubra los riesgos laborales, ni con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Decreto 1655 de 2015, de Seguridad y Salud en el Trabajo. La desprotección es absoluta.

Además de las condiciones de infraestructura que, según dice la revista Semana de mayo de 2019, “las escuelas tienen, en promedio, entre 40 y 60 años; varias sedes educativas deben ser reubicadas o recibir adecuaciones, porque el 25,5% se encuentra en situaciones de riesgo por inundaciones; 44,6 %, en peligro de deslizamientos y al 87,2% le falta algún servicio público”, la imposibilidad de cumplir con las medidas de bioseguridad por parte del Estado aumenta los factores de riesgo de contagios por los desplazamientos masivos y las limitaciones para cumplir con el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Ha de tenerse en cuenta que más de la tercera parte de la población caldense hace parte de la Comunidad Educativa.

Las razones expuestas nos llevan a manifestar a la Comunidad Educativa, al Gobierno nacional, al Gobernador de Caldas y la Secretaría de Educación y a la sociedad, en general, la decisión de rechazar la alternancia y dar un SÍ rotundo a la vida.

Por último, hacemos un llamado a la unidad de la comunidad educativa, para exigir al Gobierno Nacional, al MEN y al ente territorial de Caldas, que desistan de esta medida; que, mejor, garanticen la conectividad y los dispositivos electrónicos para el trabajo en casa y que atiendan los puntos del Pliego de Emergencia que presentó el Comité Nacional de Paro.