El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) ratificó que en diciembre próximo terminará su trabajo proyectando los cambios que necesita el sistema colombiano de universidades e institutos tecnológicos y técnicos. Ese resultado se hará público en enero de 2014, cuando la entidad divulgue la ruta de la que quiere sea la política de Estado para los próximos 20 años.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, y la viceministra de esa cartera Patricia Martínez, insisten en resaltar que el trabajo que actualmente hace el Cesu, recogiendo y debatiendo propuestas para todo el país, no necesariamente culminará en un articulado de un proyecto de ley, sino que puede transformarse en muchas otras alternativas que definan la nueva situación universitaria.
“Algunas cosas necesitarán una normativa que pasará por el Congreso, pero otras acciones requerirán de otros mecanismos, como decisiones de Planeación Nacional, decretos del Ministerio, trabajo de los entes territoriales (departamentos y municipios), decisiones de otras entidades del Estado o cambios directos aplicados por las instituciones públicas o privadas de educación superior”, precisó Campo.
Esos comentarios fueron algunos de los que se escucharon en una reunión realizada en la primera semana de julio, en Bogotá, entre la mayoría de integrantes del Cesu, actores del sistema educativo y medios de comunicación. El objetivo del encuentro fue hacer un balance del trabajo realizado hasta la fecha y la proyección de labores para la segunda parte del año.
La precisión acerca de qué tipo de resultados dará el Consejo llamó la atención, dado que ese trabajo fue encargado por el Gobierno Nacional el año pasado, justamente luego del fracaso del proyecto que pretendía reformar la Ley 30, cuya presentación al Congreso, a finales de 2011, generó multitudinarias protestas ciudadanas, al punto de que el texto tuvo que ser retirado del Legislativo.
Al preguntar a los miembros del Cesu sobre esa circunstancia, explicaron que aunque esa fue la razón que llamó la atención del país, con el paso de las semanas se han dado cuenta de que lo que realmente importa es construir un marco más sólido y moderno para la educación superior.
“No podemos mirar el futuro con la rigidez de una ley. Tenemos que ser capaces de pensar en las necesidades del sistema y en cómo solucionarlas para beneficio del país”, dijo Iván Enrique Ramos Calderón, rector de la Universidad del Valle y presidente del Consejo Directivo de Ascun.
Las declaraciones acerca del proceso de cambio en la educación superior ocurrieron pocas horas después de que voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) dieran a conocer las propuestas que piensan incluir en un texto que quieren llevar al Congreso, ese sí como proyecto de reforma a la Ley 30. La Mane es el movimiento que nació con las protestas de 2011 y ha trabajado para construir ideas de cambio a la educación superior de manera paralela al Cesu.
De hecho, un temor que existe es que, de sentir que no hubo un esfuerzo concertado, la Mane vuelva a convocar a marchas y protestas callejeras, una vez se conozca el plan de cambio que presentará el Gobierno Nacional.
Sobre ese tema habló el rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velásquez, quien explicó que “ese temor a la protesta existe y si se dan las marchas serán bienvenidas, pero justamente lo que hace el Cesu es darle institucionalidad al cambio, pues acá están representados todos los sectores interesados, incluidos los estudiantes”.
La vocera de los estudiantes es Johanna Pacateque, matriculada en la Universidad Nueva Granada, quien recordó que su llegada al Cesu se dio con un proceso democrático, con votaciones en las que participaron representantes de los consejos estudiantiles de las universidades del país. Por eso dijo que ella “intentará ser un puente entre lo que construye el Consejo y lo que han trabajado en la MANE”.
“Si no contamos con procesos de legitimación no llegaremos a los resultados esperados; que haya o no protestas dependerá del tacto y de la oportunidad con que el Gobierno Nacional y el Cesu presenten la política pública para la educación superior”, dijo Juan Carlos Yepes, representante de los profesores y docente de la Universidad de Caldas.
El Consejo Nacional de Educación Superior es un organismo colegiado creado por ley para asesorar al Ministerio de Educación. Está compuesto, en un 68%, por representantes de instituciones de educación superior (públicas y privadas) y comunidad académica, en un 21%, por miembros del Gobierno Nacional y, en un 11%, por voceros del sector productivo. Salvo los delegados del Gobierno, todos sus integrantes son elegidos democráticamente por los grupos que representan.
A finales del año pasado el Cesu recibió el encargo del Gobierno de asumir la construcción de la política de educación superior y en ese esfuerzo reporta haber consultado a más de 31.000 personas en 151 espacios distintos, con los cuales ha visitado los 32 departamentos.
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