Llamado a la legalidad para prevenir sanciones

HELMER GONZÁLEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El mensaje claro para las entidades territoriales y el Estado en general es que deben adoptar medidas preventivas, en el marco de la legalidad, para evitar las demandas que descuadran en lo fiscal los presupuestos.

Cultura de la legalidad y seguridad jurídica en las regiones, fue el seminario que el Consejo de Estado dictó ayer en Manizales, en cabeza de varios magistrados, entre ellos el presidente de la corporación Danilo Rojas Betancourth.

Se trataron temas como los problemas ambientales, la contratación, la liquidación de empleados, la ética, impuestos y otros. El encuentro se desarrolló en el Palacio Nacional Fanny González.

"Tratamos de persuadir a las administraciones locales para que tomen en consideración las decisiones, tanto del Consejo de Estado como del Tribunal Administrativo de Caldas a efectos de hacer notar que estamos condenando a los entes territoriales por las mismas razones", dijo Rojas Betancourth.

En este sentido, el presidente de la corporación relacionó que las faltas más cometidas consisten en no realizar bien los contratos, porque echan mal a la gente o porque no hay protección a los derechos humanos. Aseguró que el 80 por ciento de las demandas son por temas laborales y en grandes cantidades.

Congestionados

"La congestión particular en el Consejo de Estado es abrumadora. Solo en la Sección Tercera, a la que pertenezco y donde tramitamos las demandas de contratos y reparaciones, tenemos cerca de 16 mil procesos, con pretensiones billonarias. Es imposible que nueve magistrados podamos avanzar lo suficiente".

En el proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, que se tramita en el Congreso, se plantea la posibilidad de incluir un plan de choque. El objetivo es crear nueve despachos de descongestión.

De la descongestión a la saturación

Óscar Alonso Giraldo Rodríguez, juez séptimo administrativo del circuito Manizales, presentó las estadísticas relacionadas con la efectividad de las medidas de descongestión en Caldas.

Resumió que las medidas de descongestión, aplicadas entre el 2010 y el 2015, fueron exitosas, pero de nuevo la tendencia es a la saturación.

La efectividad mayor fue en el sistema escrito, porque solo quedaron 77 procesos. En el período citado entraron 13.002 procesos y salieron 12.925.

En el sistema oral ingresaron 3.341 procesos, egresaron 1.944 y quedó un remanente de 1.397. Sumados los dos sistemas el resultado es de una carga laboral evacuada del 90%.

La carga laboral actual, con corte al 31 de marzo pasado, es de 3.006 procesos. En el primer trimestre ingresaron cerca de mil procesos.

En el 2010 se incrementó de cuatro a 12 los juzgados administrativos, es decir, se crearon ocho de descongestión, pero el 31 de diciembre pasado se redujo a ocho. En promedio, cada juzgado está manejando entre 370 y 400 procesos. La expectativa era manejar entre 250 y 300 procesos, lo que refleja que en poco tiempo se necesitarán nuevas medidas de descongestión.

"Si sigue así la tendencia calculamos que al finalizar el año tendremos entre 3.500 y 4.000 procesos adicionales en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".

El daño previsible

Ramiro Pazos Guerrero, magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dictó la conferencia Prevención del daño antijurídico del Estado en materia ambiental.

Explicó que el tema cobró vigencia en las agendas públicas desde lo local hasta el ámbito mundial. "Planteo la importancia que tiene desde la administración pública, desde la aplicación de justicia, la protección eficaz y adecuada del medioambiente en todas sus dimensiones".

Anotó que Colombia está en alerta por deterioro progresivo y grave del medio ambiente, causado por los fenómenos de El Niño y de La Niña, la deforestación, la minería tanto legal como ilegal, la contaminación de las aguas, la pérdida de la seguridad alimentaria, sobrepoblación, epidemias y otros problemas se deben abordar con toda la atención que se merece, desde el Estado y la administración de justicia.

Algunos casos representativos conocidos por el Consejo de Estado y por los que se ha condenado a la Nación, prueban la urgencia de adoptar medidas preventivas desde las administraciones, porque los costos de las reparaciones afectan en lo fiscal a los entes territoriales.

* La contaminación del río Bogotá.

* La aspersión de cultivos ilícitos por vía aérea con glifosato.

* El derrumbe de un millón de toneladas en el relleno Doña Juana de Bogotá.

Sierra sería investigado

BOGOTÁ. El Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue al senador conservador caldense Luis Emilio Sierra Grajales por posible extralimitación de funciones al actuar en el proceso que se adelanta contra de la elección de Guido Echeverri.

El congresista presentó una solicitud, coadyuvando la recusación que se presentó contra el magistrado Alberto Yepes para que este nopudiera participar en este debate.

La Sección Quinta, al negar la recusación recordó que como senador “él no se encuentra en posibilidad de intervenir en procesos judiciales de este tipo”. La Sala señaló que no existe fundamento constitucional ni legal para aceptar la intervención de Sierra Grajales, si se tiene en cuenta que “no se trata de un asunto que lo afecte como persona o a sus parientes y que requiera de su intervención directa, tal como lo señalan las normas y la jurisprudencia aplicables sobre incompatibilidades”.

Igualmente, se compulsaron copias a la Procuraduría en contra del alcalde de Supía, Omairo Ayala Cataño, quien también coadyuvó enla recusación contra Yepes.

En este caso, la Sala explicó que los entes territoriales “solo pueden actuar dentro de procesos judiciales en defensa de los intereses propios del municipio, situación que no se evidencia en la presente acción; por lo que estaría extralimitándose de los parámetros establecidos”.

Se recuerda que acerca de la demanda de nulidad de la elección de Guido Echeverri, la Sección Quinta aún falta otro recurso por resolver que es el de reposición presentado por el representante del mandatario. En caso de mantenerse la decisión Echeverri deberá dejar el cargo provisionalmente, hasta que la Sala emita un fallo sobre el tema de fondo que es la nulidad.