MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA |MANIZALES

“Le pasó a alguien muy allegado a mí, y fue indignante. Les quiero contar sobre unos concejales de Anserma que contactaron a equis persona para un trabajo. Envió la hoja de vida. La persona súper ilusionada, y al final le dijeron: tiene que dar una cuota voluntaria. Una cuota voluntaria, una vacuna”.

Así empieza el video que subió a redes sociales el joven ansermeño Julián Domínguez, y en el que denunció un presunto caso de corrupción en el que estarían incurriendo concejales ansermeños, aunque se abstuvo de dar los nombres, los tildó de corruptos.

“Si usted es concejal, es un servidor público; está para ayudar a las personas, no para succionar el pobre salario, porque les van a pagar una chichigua".

“Esa persona dijo que no, automáticamente: no voy a trabajar para un pendejo, que ni siquiera tiene una carrera profesional y está encima de mí, exprimiéndome como un parásito cada mes, con una cuota voluntaria, que yo le llamo vacuna, dizque para obras sociales. Usted es un servidor público, está para ayudar a las personas, no para robarlas. Quisiera decir los nombres, pero prefiero evitar problemas”.

Reacciones

Esto ocurrió la semana pasada. El presidente del Concejo de Anserma, Jorge Eliécer Marín, dijo: “Que bien por su denuncia, pero lo invito a que la haga ante las autoridades. Esas prácticas corruptas han sido de muchos años atrás. Con estos hechos lo que hacen es enlodar el nombre de la corporación, porque si bien hay concejales que hacen este tipo de prácticas, también hay otros honestos”.

El concejal liberal Daniel Felipe Castrillón también se pronunció: “He escuchado muchos testimonios y he invitado a las víctimas a denunciar; sin embargo es difícil, porque siempre existe un sentimiento de agradecimiento de las víctimas”.

Lo citaron a sesión

El miércoles, el joven fue citado a la sesión del Concejo. El presidente manifestó que lo hizo porque, según le dijo Domínguez, no le atendieron la denuncia por falta de pruebas. En este espacio el joven fue requerido a que diera nombres y mencionó a la concejala María Isabel Restrepo Zuluaga del Partido Conservador (ver recuadro Responde la señalada).

“Muy valiente el joven, es un paso importante que da, pues puede ayudar a que la demás personas se animen y hagan las denuncias. No me consta y no puedo señalar a un concejal que haga estas prácticas, pero en la calle y en los pasillos se escucha que han habido concejales que las utilizan”, señaló el presidente del Concejo.

Agregó que hizo también esta invitación a Domínguez porque estaba “enlodando la imagen de una corporación en la que hay concejales honestos”, y anunció que tienen un comité de ética que evaluar qué decisión toma. “Como presidente debo presentar copia del acta de sesión ante la Procuraduría”.

El video del joven termina con la siguiente frase: “En serio es indignante saber que hay políticos de esa calaña. Lo llaman cuota voluntaria, pero no es así, es una obligación porque si no lo despiden. No se aprovechen de las personas porque están necesitadas. O sea, no sean corruptos, de verdad que eso es corrupción”.

Responde la señalada

La versión de la concejala María Isabel Restrepo Zuluaga (Partido Conservador) es que llamó a Alejandra Domínguez, hermana del joven del video, y le contó que en el municipio de Risaralda necesitaban una psicóloga y le pidió enviar su hoja de vida. “Le dije, tengo un grupito, por si se quiere unir a él. Ahí nosotros a veces hacemos actividades para tener fondos o los muchachos de pronto recogen una cuotica para los regalos, pero eso es voluntario. Esa fue toda la conversación”.

Según Restrepo, el grupo es de unas 20 personas, algunos que trabajan en la Alcaldía de Anserma y otros no, que desde el 2018 se juntaron para hacer actividades para los niños y ayudarle a la gente de veredas cuando tuviera una necesidad. “Ellos mismos dijeron que de cuenta de ellos aportaban una cuotica de $20 mil mensual o cuando pudieran, eso es voluntario”.

Agregó que llamaron a la psicóloga a entrevista, la iban a contratar, pero que ella no aceptó porque no le servía el sueldo. “Eso fue todo. Los muchachos hasta me dijeron que por qué no demandaba a este muchacho del video por injuria. Tengo mi conciencia tranquila. Me estoy asesorando con un abogado a ver si puedo demandar porque en la sesión él dijo que había sido yo, que la hermana dijo que no ayudaba para el grupo y que por eso no le habían dado el trabajo. Me está dañando el buen nombre”.

Ciudadano valioso

Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, expresó que en un contexto democrático, donde hay muchas herramientas de control al poder y a los poderosos, hay una figura fundamental de lucha contra la corrupción: el ciudadano denunciante, que es de un valor absoluto y tiene protecciones porque es lo que se espera que suceda en una situación como la descrita.

“Lo que está haciendo no es extraño ni exótico, es lo que debe hacer un ciudadano. Esos denunciantes gozan de derechos y garantías de libertad de expresión, en este caso sobre asuntos que son de interés público, y es una servidora pública que por esa condición debe tener, según la Corte Constitucional, la tolerancia a la crítica y a la opinión de los ciudadanos”.

Agregó que expresan información de interés público y que tienen todo el derecho de interpretar y de opinar sobre los hechos en los que se ven comprometidas personas públicas.

Vallejo sostuvo que lo ideal es que estos hechos, además del debate público y de la denuncia pública, se lleven a instancias judiciales y de control donde se procese si eso que se está informando u opinando merece alguna sanción.

De la práctica que el joven relata, dijo que es muy común en la política regional y nacional, que suele estar entre las formas más típicas de constreñimiento al elector, posterior a las elecciones, y puede configurar en delito que puede ir en muchos niveles, un cohecho e incluso extorsión.

“Este caso del joven es de mucho valor para la ciudadanía. No es fácil encontrarlo en nuestra cultura política, la gente prefiere guardar silencio porque tiene miedo de las represalias. El escenario de llevarlo al Concejo y volverlo casi objeto del control político o penal lleva a los denunciantes a que no les vaya bien. Deberían tener derecho de hacerlo y que ya en escenarios judiciales resuelvan”.