Analizan si Darío Arenas tiene inhabilidad para ser candidato a la Alcaldía de Manizales

Dos contratos de prestación de servicios profesionales con la Universidad de Caldas tendrían en la cuerda floja la precandidatura del sociólogo Darío Arenas a la Alcaldía de Manizales por el Polo Democrático Alternativo.

El lunes en la mañana inscribió su aspiración en el Comité Ejecutivo Municipal de esa colectividad, pero en la tarde, el secretario general, Fernando Toro, y otro miembro manifestaron dudas de una posible inhabilidad de Arenas.

Se trata de los dos contratos con la Universidad, cada uno por siete meses: junio del 2018 a enero, y otro desde enero hasta agosto con la Facultad de Artes y Humanidades para hacer gestión jurídica y normativa, adecuación y definición de normas internas, desarrollo de productos y contenidos en el centro transmedia.

Arenas, miembros del Comité Ejecutivo y tres abogados evaluaban ayer en la tarde si se configura una inhabilidad. “De haberla, evidentemente no habrá candidatura, declinaré a la aspiración. No queremos infringir ninguna norma, ni inhabilitarnos”, indicó Arenas.

El precandidato agregó que es contratista de la Universidad de Caldas desde hace dos años y que de estas labores deriva su sustento. En el Polo ninguna otra persona ha manifestado intención de postularse al cargo, y las inscripciones para todas las corporaciones en Manizales y en Caldas están abiertas, por lo tanto todavía no hay decisiones tomadas.

Antes de hacer oficial la precandidatura, Arenas revisó con abogados amigos la situación jurídica y le manifestaron que no había inhabilidades, pero reitera que si persisten las dudas no insistirán. “Grave fuera mantener en silencio una posible inhabilidad para ver qué pasa, eso es deshonesto y desleal”.

Conceptos
Sobre este caso, hay abogados que indicaron que no hay inhabilidad porque Arenas no es contratista del Municipio, pero otros aseguraron que los contratos se deben revisar a la luz de que la Universidad de Caldas es una entidad pública y la rigen las leyes 80, de contratación, y la 617, de régimen municipal, que inhabilitaría a quien busque ser alcalde y en el año anterior a la elección haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel y se ejecuten en el municipio que pretende dirigir.