La Administración para el Control de Drogas, DEA (por su sigla en inglés), alertó acerca del incumplimiento de Colombia en la erradicación de los cultivos de coca, y emparejó tal preocupación con las cifras del consumo de cocaína en Estados Unidos durante el año pasado, cuyo crecimiento fue atribuido al aumento de las plantaciones ilícitas en nuestro país. Afirma, inclusive, que Colombia tiene una participación del 92% en el alcaloide que llega y se distribuye en las calles del país norteamericano.
Según la DEA, al llegar los cultivos de coca a las 188 mil hectáreas en territorio colombiano, con un potencial para producir 710 toneladas de cocaína, hay una gran oferta en el mercado que hace que el consumo crezca en Estados Unidos. Esa entidad prevé, además, que los cultivos ilícitos seguirán aumentando en Colombia hasta el año entrante, por lo menos, lo que va a reflejarse en más alzas en las cifras de consumo. También atribuye la expansión al impulso dado por las Farc a campesinos para que se hagan merecedores de beneficios económicos.
Es una verdad preocupante que en los años recientes los cultivos de coca se expandieron en varias regiones, y que las situaciones de violencia que hoy se observan en Tumaco, Cauca, Guaviare y Catatumbo, por ejemplo, tienen relación directa con ese crecimiento. También es posible que la expectativa por los acuerdos con las Farc acerca de la erradicación de esos cultivos haya influido en la expansión de las plantaciones. Lo que no puede hacerse es culpar a Colombia del alza en el consumo de cocaína entre los estadounidenses, cuando lo que eso refleja es que las autoridades de ese país se quedaron cortas para controlar ese comercio ilegal por dentro de sus fronteras.
El Gobierno colombiano tiene que empeñarse en cumplir su plan de erradicar 100 mil hectáreas en un año, 50 mil de ellas en forma voluntaria, como se viene haciendo con éxito en varias regiones. La meta actual es terminar el año en 130 mil hectáreas. Ahora bien, para que tal expectativa se cumpla es fundamental que los programas de sustitución de cultivos ilícitos funcionen correctamente, de tal manera que se genere confianza entre los campesinos y cambien de actividad seguros de contar con el sustento para sus familias. Si hay fallas, se abre el camino para el fracaso de la sustitución, y para que organizaciones que dicen representarlos promuevan la violencia y saquen réditos políticos.
En las zonas de erradicación forzada, donde se han agravado los conflictos entre las mafias narcotraficantes, los campesinos y la Fuerza Pública es necesario que además de la presencia militar se ejecuten programas sociales y proyectos productivos que convenzan a los campesinos de abandonar la economía de la coca. En esto, el Gobierno Nacional, comenzando por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, debe ser más convincente en sus manifestaciones y sustentar mejor los supuestos triunfos del Ejecutivo en tales programas. Lo que hemos visto es una gran descoordinación y un trabajo alejado de las comunidades, donde incluso se ha querido erradicar a la fuerza cultivos que hacen parte de programas de erradicación voluntaria.
Se necesita una estrategia bien acompasada y consistente que lleve al descenso real de los cultivos ilícitos en el país, y eso no puede ser por la exigencia estadounidense, sino por la voluntad férrea de los colombianos para dejar atrás las prácticas ilícitas que han alimentado el conflicto armado. También hay que seguir pensando en las mejores estrategias para acabar el narcotráfico, sin que caiga sobre los hombros de Colombia toda la responsabilidad. Empezar por reconocer que es un gran negocio ilícito por el que muchos están dispuestos a matar y morir, y que lo más efectivo es atacar las finanzas de las mafias. Mientras no se legalicen, habrá que seguirlas combatiendo.
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