Vencidos por los términos

Resulta indignante que personajes como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaute o el expresidente de la EPS Saludcoop, Carlos Palacino, entre otros, estén libres con los graves casos de corrupción que protagonizan, por supuestos vencimientos de términos en sus procesos. Funciona de manera muy irregular nuestra justicia cuando delincuentes de cuello blanco logran salir a disfrutar de la libertad gracias a leguleyadas que realmente son vergonzosas.
En casos tan graves como los de Interbolsa, el Cartel de la Toga, o Saludcoop los principales responsables van quedando libres, solo porque se avanzó poco o nada en preparar los juicios, y los tiempos no fueron suficientes para armar el aparato probatorio de acusación. Hoy se tiene un máximo de 240 días disponibles para comenzar el juicio oral y reunir los elementos que permitan probar la culpabilidad de los imputados, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Pareciera un tiempo suficiente, pero hay toda clase de triquiñuelas que usan los involucrados y sus defensores, fiscales ineficientes o amañados, y a veces la misma inoperancia de los jueces, para no avanzar y dejar vencer los términos.
Es necesario reflexionar acerca de la eficiencia de la justicia colombiana, a la que se ha intentado reformar en varias ocasiones para superar sus debilidades, pero no ha sido posible que se apruebe en el Congreso de la República esa transformación que necesita. Para el Gobierno, que dejó hundir la reforma en la legislatura pasada y no la incluyó en los proyectos que presentará en la actual, pareciera que los cambios no se requirieran. La verdad es que urge que haya modificaciones sustanciales en la forma y en el fondo en el ejercicio de impartir justicia.
Ahora bien, no todos los casos son iguales, y en hechos de corrupción evidentes deberían ampliarse los plazos para que los juicios no sean evadidos, así se superen los 240 días que consagra la ley o, inclusive, estudiar la posibilidad de que estos casos no venzan. Si bien, en términos generales, no está mal que nuestro sistema de justicia sea garantista (ya que también es frecuente que se cometan graves injusticias contra procesados inocentes que pasan meses encerrados sin que se les resuelva su situación jurídica), también es verdad que la norma actual facilita que hábiles juristas se la jueguen a las autoridades judiciales y que sus clientes corruptos venzan al Estado por negligencia o lentitud injustificada.
No son pocas las ocasiones en las que la Fiscalía monta un show mediático para mostrar supuestos resultados contundentes en contra de delincuentes de alto nivel, y después, los acusados quedan libres porque el ente acusador nunca dejó en firme el llamado a juicio. Y aunque los casos quedan supuestamente abiertos, pasan años sin que haya avance en los procesos y condenas reales sobre los culpables.

Mientras se hace posible avanzar en las reformas, valdría la pena que la morosidad de la justicia sea investigada disciplinariamente, con fuertes sanciones para los funcionarios que beneficien a los delincuentes. De otra manera, será cierto lo pregonan algunos, que ser corrupto paga en Colombia. Es doloroso que exista este imaginario y se sigan hundiendo los proyectos de ley que pretenden luchar contra la corrupción, un asunto que debería ser prioritario. No podemos seguir dejando que estos actos bochornosos se impongan, porque estaríamos dando razón a otro adagio popular: la justicia en Colombia es solo para los de ruana.