Unas JAL con sentido

Desde que fueron creadas oficialmente por la Ley 136 de 1994, hace ya 25 años, luego de haber sido consagradas en el artículo 318 de la Constitución de 1991, las Juntas Administradoras Locales (JAL) han intentado tener algún papel significativo en nuestro sistema democrático, pero innegablemente se han quedado cortas, y en algunos casos sus actividades se han limitado a colaborar con esquemas politiqueros de algunos líderes con ascendencia en las esferas de gobierno, en lugar de encarnar las preocupaciones fundamentales de las comunidades a las que representan.
Desde la Carta Magna se estipuló que las JAL surgían para mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos, para lo cual los municipios serían divididos en comunas (sector urbano) y corregimientos (zonas rurales). Como funciones específicas se señalan la participación en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo; la vigilancia y control de la prestación de los servicios municipales y de las inversiones públicas; presentar propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales; distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal, y ejercer funciones que les deleguen el Concejo y otras autoridades locales. 
Pese a que en el papel estas funciones suenan importantes para la participación de las comunidades en los asuntos públicos, las JAL no resultan muy visibles a los ojos de los habitantes de los barrios y veredas que eligen a sus miembros. La mayor parte de las veces los ciudadanos apoyan ediles sin saber, casi siempre, quiénes son y por qué aspiran a esas responsabilidades. Eso lleva a que muchas veces no se les tome en serio y sus funciones terminen por no cumplir los objetivos señalados. Hay tanto desconocimiento que, pese a que en el caso de Manizales había 126 curules por llenar, la votación apenas alcanzó para elegir a 109 el pasado 27 de octubre.
El hecho de que algunos miembros de estas JAL sean elegidos con apenas 5 votos, como ocurrió en las pasadas elecciones locales en el corregimiento Rioblanco, también puede influir para que no se les reconozca la suficiente legitimidad. Ahora bien, hay casos como el de la Comuna Atardeceres de esta capital, donde una edil alcanzó 2.040 votos, incluso más que algunas de las personas que fueron elegidas como concejales, por lo que sería un error establecer un racero que iguale por lo bajo. Lo que se necesita es que los ediles logren construir una mejor conexión con sus comunidades y desarrollar su liderazgo atendiendo problemas reales de la gente, a los que se les busque soluciones.
Los nuevos miembros de las JAL, quienes estarán posesionándose el próximo 1 de enero para un periodo de cuatro años, tienen la oportunidad de lograr que esas organizaciones que pretenden hacer más cercana la democracia representativa tengan el sentido que se les otorga en el papel. Sus miembros no pueden, simplemente, contentarse con haber sido elegidos, cuando las comunidades deben sentir que ese es un canal legítimo y efectivo para tener contacto directo con el gobierno local. 

Así mismo, desde la Administración Municipal y el Concejo se debe apoyar más el trabajo de los ediles, sin que las afinidades políticas resulten más importantes que la prioridad de brindar soluciones concretas a los problemas de los barrios y veredas. Si no se da ese paso, podría llegar el día en que la inoperancia de las JAL las lleve a desaparecer; eso no sería deseable, de ninguna manera, cuando lo que se percibe es que los ciudadanos quieren cada vez más avanzar hacia una democracia participativa más profunda, para que sus voces puedan ser escuchadas de manera directa, sin necesidad de tener intermediarios.