Una reforma que sirva a la gente

Todo indica que a comienzos de la próxima semana quedarán aprobadas en la Asamblea de Caldas las facultades para que el gobernador Guido Echeverri ejecute la modificación de la estructura orgánica del Departamento. El mandatario ha dicho que se pretende profesionalizar la administración y profundizar su vocación de atención al público, lo que suena muy bien y corresponde al deber ser de los servidores públicos. No obstante, hay diputados que consideran que todavía no hay la claridad suficiente y que es importante un sustento más sólido para darle vía libre a la iniciativa.
Desde la Secretaría General de la Gobernación se ha explicado que estudios del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFT) recomiendan crear algunas unidades y jefaturas y reorganizar dependencias, debido que en algunos casos hay empleados públicos que no tienen funciones bien definidas o que deberían ser reubicados en otras dependencias en las que cumplan una mejor tarea. Además, se anota un problema estructural que es urgente resolver, relacionado con que los auxiliares administrativos tienen salarios más altos que algunos técnicos y directores de bandas musicales, por ejemplo, lo que no corresponde con la lógica y los niveles de responsabilidad.
Como ha sido explicada esta propuesta tiene toda la lógica, más si se cuenta con el respaldo de un estudio de una entidad del orden nacional especializada en esa materia. Sin embargo, no sobra advertir que estos cambios no deberían significar aumento de la burocracia, como tampoco incrementos en los costos de funcionamiento, aunque en esto lo más importante es la relación costo-beneficio. Mucho menos debería reflejar acomodos de índole político, y en ese sentido confiamos en la ecuanimidad del mandatario Echeverri, quien durante su carrera ha mostrado un enfoque técnico y racional, que no debería cambiar ahora. Es más, la meritocracia es la que debe imperar.
Es verdad que cada cierto tiempo es necesario revisar las estructuras administrativas y hacer ajustes para adecuarlas a las necesidades de modernización y actualización que se exigen en un mundo cada vez más dinámico y competitivo. En ese sentido ya es claro que numerosos empleados que están en carrera administrativa deberán seguir en la Gobernación, pero habrá que estudiar la posibilidad de que sus valiosas experiencias puedan usarse en las dependencias en las que se requieren, cumpliendo las funciones que más se necesitan. En esto es fundamental entender que en la administración pública no debe ser para generar empleo, sino para atender bien a los ciudadanos.
En suma, si bien este cambio administrativo no será muy profundo desde el punto de vista de la salida e ingreso de funcionarios, las acciones y roles sí deben tener transformaciones que pongan a la administración a la altura de los retos de hoy, más flexible e integrada. Los ciudadanos son la razón de ser de la existencia de los empleados públicos, y el resultado tiene que ser una mayor cercanía de la Gobernación con las comunidades.

Las prácticas de buen gobierno tienen que ser las que inspiren este cambio, para que en cada cargo se cuente con las personas idóneas, con niveles de conocimiento y competencia que no dejen dudas acerca de la pertinencia de tenerlas en la nómina. Hoy, de acuerdo con el DAFT se tiene un 57% del personal en el nivel asistencial (conductores, servicios generales y apoyos administrativos) y un 43% profesional. El ideal sería que este último llegue al 70% y el asistencial corresponda al 30%. Tal vez en un primer momento no sea posible cumplir esa meta, pero debe trazarse el camino para que en poco tiempo se llegue a esos niveles, y los ciudadanos sientan el cambio positivo.