Una ciudad sin obstáculos

Manizales tiene una doble condición con respecto a la movilidad de las personas que resulta difícil de conciliar: tiene una topografía quebrada que en varios sectores complica el desplazamiento para cualquier persona de un lugar a otro, pero además es la segunda ciudad capital de Colombia con mayor índice de envejecimiento, de acuerdo con el censo del 2018. Un gran desafío para la capital caldense es adecuar su infraestructura pública y privada para que todos sus habitantes, y sobre todo los adultos mayores y personas con discapacidades, puedan desplazarse por la ciudad sin obstáculos.
Un informe acerca de esta realidad que afecta a miles de personas con discapacidades físicas en Manizales (10 mil 22, según un estudio con corte al 2020) salió publicado el pasado domingo en este medio de comunicación. Los testimonios de varios ciudadanos dieron cuenta de la falta de rampas en andenes y otras infraestructuras necesarias para hacer más amigable y seguro el desplazamiento de personas en sillas de ruedas, por ejemplo.
Si contamos a los adultos mayores que todos los días deben salir a las calles, las cifras se elevan mucho más. Quienes tienen ya problemas para ir por las vías públicas, debido a sus edades o situaciones de discapacidad se ven permanentemente en nuevos riesgos que podrían volverlos víctimas de accidentes.
Así las cosas, esta situación se materializa en exclusión social y limitación de plenos derechos a miles de ciudadanos, que terminan aislados en contra de su voluntad, y hasta discriminados, porque la ciudad no ha sido acondicionada a esta realidad, cuya solución debería ser una prioridad no solo para los responsables del Gobierno, sino también para la ciudadanía en general, que además de establecer estas adecuaciones como urgentes, en sus propios espacios también debería asumir un mayor compromiso por hacer más amigable la ciudad para quienes tienen limitaciones en los desplazamientos.
Estamos en mora en Manizales de implementar una política acerca de la infraestructura pública general que considere en todos los casos la existencia de rampas y toda clase de adecuaciones que favorezcan los desplazamientos de quienes tienen limitaciones físicas y de los adultos mayores, quienes según las proyecciones demográficas, van a crecer en número en la ciudad en los próximos años. No puede evadirse el compromiso ético de proteger las vidas y garantizar los derechos de un segmento tan significativo de ciudadanos, quienes hoy reciben un tratamiento de tercera.

La actual Administración, por lo menos, ya tiene una Oficina de Discapacidad con acciones específicas, pero falta hacer mucho más y generar una mayor conciencia general para enfrentar el problema. Debe establecerse una normativa que logre transformar la ciudad, para que en espacios públicos, pero también en edificaciones privadas existan las condiciones adecuadas a la necesidad de movilidad de todos, sin discriminación ni obstáculos. Aplicar la Ley 1618 del 2016 de manera rápida y eficiente en estos aspectos sería un buen comienzo.