Un urgente revolcón a la justicia

Ojalá que no sea simple oportunismo o sofisma de distracción la idea que ahora se impulsa para que la misma Rama Judicial se reforme y se blinde así ante la corrupción, fenómeno que se apoderó vergonzosamente de quienes deberían ser ejemplo de pulcritud y actuar recto en todos los escenarios de la vida. En la Comisión interinstitucional que reúne a la cúpula del poder judicial en Colombia, al estar conformada por los presidentes de todas las altas cortes y el Fiscal general de la Nación, se palpa un sentimiento de contrición y arrepentimiento que ojalá les dure, como para ser audaces en los cambios necesarios y recuperar la confianza de los ciudadanos en la cacareada majestad de la justicia.

La iniciativa “por la integridad del poder judicial” también es respaldada por la Procuraduría General de la Nación, y propone enfocarse en establecer medidas anticorrupción y estrategias claras de control y autorregulación, que esperamos exijan máximo rigor en las conductas de los funcionarios judiciales, especialmente de los más altos magistrados, quienes hoy son el peor ejemplo de seriedad de esta importante rama del poder democrático. Lo que se ha conocido alrededor de las investigaciones por "parapolítica" que compromete a congresistas como Musa Besaile y Julio Manzur es realmente tenebroso.

Es urgente que dicho revolcón, que se promueve con el nombre de Misión Justicia, se incluya en las discusiones actuales del Congreso de la República, rescatando valiosas ideas de los anteriores intentos de reforma, para que demos muestras reales de un cambio positivo. Pensar de nuevo en el Tribunal de Aforados, por ejemplo, es un imperativo, como también lo es acabar con el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura. Si el tema se deja enfriar, con seguridad volveremos a caer en escándalos peores, y solo habrá una nueva reacción cuando ya todo el panorama esté deteriorado por completo.

Tenemos que ser conscientes de la profunda gravedad de que dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (Leonidas Bustos y Francisco Ricaute) estén envueltos en situaciones bochornosas en las que hay evidencia de sobornos millonarios para torcer procesos a favor de los implicados, y en donde su relación con el actuar escabroso del exfiscal Luis Gustavo Moreno solo deja interrogantes de enorme gravedad. Los colombianos no podemos permitir que los llamados a ser guías de la sociedad sigan actuando con semejante desvergüenza.

Esperamos que los actuales miembros de los altos tribunales se comporten a la altura de sus responsabilidades y den ejemplo de transparencia y seriedad en la ardua tarea que les espera, y que los magistrados que están llegando a estas altas instancias (como el caldense José Fernando Reyes, a la Corte Constitucional) se comprometan en la lucha contra la corrupción y que tengan la fortaleza de autorregularse y garantizar integridad. Si se trata de aplicar reingeniería al Poder Judicial, hay que hacerlo ya, y de manera profunda. Así mismo, llegó el momento de separar la política de la justicia, cambiar la manera de elegir magistrados y quitarles a las cortes las funciones electorales.

También preocupa que ante la urgencia de reformar todo el Poder Judicial, en el Congreso de la República siga sin avanzarse en la discusión de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encargará de procesar a todos los exguerrilleros de las Farc que confiesen sus crímenes. Los retrasos implicarán que esa normatividad no pueda estar en ejecución antes de mayo del año entrante, y que la implementación de los acuerdos de paz con las Farc se mantenga cruda en asuntos esenciales.