El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró ayer que fue una disidencia de las Farc la causante de la muerte de 8 campesinos y de las heridas a otros 20 cultivadores de coca en Tumaco (Nariño), en un hecho repudiable en el que voceros de la comunidad acusaron a la Fuerza Pública de haber disparado en medio de las protestas de los cocaleros. El ministro fue contundente: "No es posible que coarten la libertad de la gente forzándola a hacer una supuesta protesta, y después la asesinen”. Por eso, anunció que se desarrollará una persecución implacable contra ese grupo que hoy es liderado por un ecuatoriano apodado "Guacho".
Lo cierto del caso es que la trifulca ocurrió durante una protesta de campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación de cultivos ilícitos, seguramente azuzados por las bandas criminales, o disidencias de las Farc que abundan en esta zona limítrofe con Ecuador y que se dedican al narcotráfico, entre otros delitos. La Fuerza Pública, como es su deber, hizo presencia específicamente en el caserío Puerto Rico, escoltando a personas encargadas de erradicar los cultivos ilícitos. ¿De dónde salieron los proyectiles que mataron a los campesinos? Eso es algo que tendrá que ser investigado a fondo. No será fácil porque los hechos son demasiado confusos.
Como sea, las fuerzas del Estado están en la obligación de perseguir a los criminales que persisten en el narcotráfico y garantizar que los actuales cultivos ilícitos se erradiquen. Lo que no puede justificarse es la posibilidad del uso de la fuerza en contra de personas desarmadas, pero si es cierto que fueron los mismos líderes de la disidencia de las Farc quienes dispararon de manera indiscriminada, la perversidad de tales sujetos va más allá de cualquier límite. Llama la atención que no haya reportes de policías lastimados en los hechos, pero nada podrá afirmarse hasta que no se conozcan los resultados de las investigaciones.
Hoy la tensión se mantiene en esta zona del suroccidente colombiano, en la que por mucho tiempo la Fuerza Pública ha tenido dificultades para penetrar. Ahora que lo intenta es natural que ocurran escaramuzas, pero lo deseable es que no vuelvan las muertes violentas, como en este caso. Los campesinos que cultivan coca deben entender que dicha práctica tiene que llegar a su fin, y que su futuro en paz y prosperidad está en la sustitución por cultivos de alimentos, para los cuales el Gobierno Nacional tiene recursos de apoyo. Si no ceden a estos objetivos tendrán que ser tratados como delincuentes y podrían terminar presos.
Es probable que el Gobierno Nacional no haya divulgado en forma adecuada los detalles del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pero también es verdad que hoy Tumaco es el municipio con mayor número de hectáreas de coca, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), y que hay allí múltiples intereses que deben ser enfrentados. A los campesinos cocaleros reacios a dar el paso habrá que erradicarles sus cultivos de manera forzada. Esta es una muestra de los obstáculos que deberán superarse para cumplir los acuerdos con las Farc.
No podemos olvidar que Colombia también tiene el compromiso con los Estados Unidos de avanzar en dicha erradicación para poder sostener las ayudas para el programa Paz Colombia. Es natural la desconfianza de los campesinos de la zona, que en el pasado no han visto concretarse los programas de sustitución que se han lanzado, y por eso mismo el Gobierno tiene que esmerarse en garantizar que los programas actuales funcionan. Pero también los agricultores deben entender que ya no hay posibilidad alguna para la coca.
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