Cerca de 880 mil jóvenes inmigrantes que llegaron siendo niños a los Estados Unidos y que no han regularizado su permanencia en ese país, corren ahora el riesgo de ser deportados, rompiendo totalmente sus círculos familiares y sociales y las posibilidades de un futuro en el país en el que han crecido. Se calcula que cerca de 8 mil de estos muchachos vulgarmente llamados 'dreamers' (soñadores) son de origen colombiano, un número suficiente para que aquí nos preocupemos por la decisión del presidente Donald Trump de darle un plazo de seis meses al Congreso estadounidense para que resuelva el asunto.
Ahora bien, ya el mandatario había anunciado en su campaña que acabaría con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) que impulsó su predecesor Barack Obama, por orden ejecutiva, y que los protegió de ser deportados. De acuerdo con The New York Times, Trump pensó en derrumbar él mismo el programa, pero se contuvo y delegó la determinación en vista del gran impacto que tendría para millones de habitantes de esa nación. Debe comprenderse que la mayoría de quienes hoy están en el programa podrían ser enviados a países que nunca conocieron y de los que solo han escuchado hablar por sus padres. Muchos inclusive solo hablan inglés.
Los defensores del DACA resaltan que gracias a ese programa se viene controlando la inmigración ilegal y se les ha dado oportunidades a esos jóvenes para contribuir de manera positiva a la economía estadounidense. Es tan inconveniente la decisión del mandatario que algunos líderes del partido Republicano le han pedido a Trump que deje las cosas como están. Ojalá que ahora que tendrán en el Congreso la responsabilidad de revisar ese asunto su determinación sea sensata y no permitan que se cometa un error de tales proporciones, que se constituye en un nuevo episodio de discriminación y concreción del discurso del odio.
El mayor impacto, sin embargo, sería para los mexicanos, cuyos 'dreamers' llegan a los 689 mil, la mayor cifra entre los 24 países restantes que también tienen este tipo de población en los Estados Unidos. Resulta perverso que con dicha situación se presione a ese país centroamericano para buscar que pague el muro que el actual presidente estadounidense también prometió. El argumento de que acabar el DACA busca beneficiar a los trabajadores estadounidenses lo único que hace es agudizar el conflicto social en el que algunos grupos se sienten con autoridad para ejercer la xenofobia y hasta para agredir a quienes no nacieron allí.
Desde varios sectores del empresariado y de la academia en los Estados Unidos se vienen escuchando voces que rechazan la posibilidad de la deportación de los 'dreamers', ya que gran cantidad de ellos no solo son mano de obra muy competitiva especialmente en compañías tecnológicas, sino que brillan por su desempeño y rendimiento en las universidades. Desde esos sectores califican la idea de acabar el DACA como arbitraria y caprichosa, además de ilegal y contraria a los valores nacionales de los Estados Unidos.
El gran problema es que si el Congreso no decide sobre este asunto, como ha ocurrido varias veces en el pasado, se irán venciendo los permisos que otorga ese programa a los jóvenes para estudiar y trabajar de manera legal, y volverán a quedar expuestos a la posibilidad de ser expulsados de un país al que siempre han considerado el suyo.
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