Soluciones para el Guamo

La Inspección Sexta Urbana de Policía, en audiencia pública, el martes pasado tomó la decisión de que 230 cambuches que invaden la antigua vía al Guamo sean demolidos en un plazo de cinco días hábiles, los cuales se cumplen el próximo martes. La Unidad de Seguridad Ciudadana podrá ratificar o revocar la medida antes de ese día. Este lugar, a lo largo de la historia de la ciudad, ha sido invadido y desalojado en varias ocasiones, debido a que es zona de alto riesgo por deslizamientos de tierra y avalanchas de la quebrada el Guamo, que en el pasado generaron emergencias en ese sector del norte de Manizales. 
Los argumentos de la Inspección son que los invasores están en una franja de protección y en terrenos que le pertenecen al Municipio, y por eso los mismos pobladores deberán echar al suelo las casas que construyeron al amparo de la negligencia y la pasividad oficial. Porque lo legal y acertado es que personas no habiten este lugar de alto riesgo, donde en el 2007 y 2011 se vivieron serias emergencias por el invierno. La realidad es que allí habitan cerca de mil personas que a partir de la semana entrante no tendrán techo y tampoco la posibilidad concreta de hallar soluciones rápidas para dicha falencia.
Tanto la anterior administración como la actual se demoraron para actuar allí, porque las invasiones no se pueden dejar avanzar y, en este caso, debió ser intervenida desde hace mucho tiempo para evitar su consolidación, como venía ocurriendo. Si la decisión final es que sigue adelante el desalojo, debería buscarse la forma de ayudarles de manera temporal para que paguen un arriendo mínimo en algún sector de la ciudad, mientras logran enrutar de nuevo sus vidas. Es cierto que ilegalmente llegaron a ese lugar, y que son merecedores de sanciones por su conducta, pero también es verdad que son familias pobres a las que no se les ha planteado ninguna opción concreta.
Lo ideal sería que se contara en la ciudad con una política de vivienda que les permitiera a estas familias ingresar a programas en los que, con pagos razonables, pudieran convertirse en propietarios de sus casas. Sin embargo, la Caja de la Vivienda Popular, que era la entidad llamada a intervenir en un caso como este fue liquidada y su objeto social no tiene actual vigencia. Tampoco ha funcionado bien el Macroproyecto San José, donde desde hace mucho tiempo se pudieron construir soluciones para familias de bajos recursos que hoy habitan en zonas de alto riesgo. Ante semejante vacío, la posibilidad de tener soluciones de mediano y largo plazo es una total incertidumbre.
Es una lástima, además, que las promesas del Gobierno Nacional, hace dos años, de construir mil nuevas casas en Manizales para familias en riesgo por invierno se hayan quedado en el aire, y que ni siquiera las 250 que después dijeron que era la cifra real tampoco tengan respuesta positiva. En una ciudad como Manizales, que en diferentes mediciones nacionales de calidad de vida aparece en posición de vanguardia, una situación como la de estas mil personas debería tener criterio de prioridad para la búsqueda de remedios, porque son ciudadanos con derecho a un techo digno.

Por ser este lugar un área de protección ambiental, no solo debería ser desalojada sino ser objeto de acciones concretas de conservación y hasta de reforestación de las riberas de la quebrada, para sí devolver la estabilidad a los terrenos y lograr que la fauna y flora desplazadas regresen y se recuperen. Ojalá algún día podamos comentar esa buena noticia.