Sigue la espera

El juez séptimo penal del Circuito de Manizales, casi ocho años después de la tragedia del barrio Cervantes en Manizales, ocurrida el 5 de noviembre del 2011, en la que fallecieron 48 personas, exoneró de culpa a tres exfuncionarios de Aguas de Manizales que habían sido señalados como presuntos responsables del evento, por negligencia. El togado argumentó que lo ocurrido obedeció a una "conducta atípica" y que no fue posible probar los señalamientos de homicidio culposo. En conclusión, según el juez, no se pudo probar qué fue primero: si la rotura del tubo causó el derrumbe, o si fue el derrumbe el que rompió el tubo del acueducto.
Esta es la primera vez que se tiene un pronunciamiento judicial de importancia sobre este doloroso episodio. Si bien lo divulgado el martes fue el sentido de fallo y no la decisión en firme que se conocerá en unos dos meses, ya está claro que no se endilgarán responsabilidades penales a quienes habían sido acusados por los hechos. Algunos familiares de las víctimas, que además de la posible compensación económica por la pérdida de vidas, también exigen un castigo a las personas que creen que fueron los responsables, ya anunciaron que presentarán recursos de apelación y que irán hasta las últimas instancias judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, si es necesario.
De lo que están seguros los quejosos es que desde muy temprano de ese fatídico día, cuando se empezó a ver un comportamiento anormal del talud que minutos después se derrumbó, se hicieron varias llamadas al call center de Aguas de Manizales a denunciar lo que pasaba, pero no se obtuvo respuesta efectiva. Estudios técnicos desarrollados durante estos años arrojaron resultados contradictorios alrededor de las causas del deslizamiento, frente a lo cual la Fiscalía optó por responsabilizar a los exfuncionarios de la empresa de servicios públicos, pero que el juez consideró sin piso suficiente como pruebas.
Ahora bien, un antecedente que tiene importancia en este caso tiene que ver con la multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos a Aguas de Manizales, por $1.100 millones, debido al manejo dado a las quejas recibidas en el call center esa mañana. Fue inclusive ese hecho el que llevó a que la administración del exalcalde Jorge Eduardo Rojas estuviera a punto de entregar en el 2015 una indemnización a los sobrevivientes por cerca de $25 mil millones, con el fin de evitar peores líos posteriores para el Municipio de Manizales. No obstante, antes de dejar su gobierno el acuerdo fue abortado. En la actual administración tampoco hubo avances.
El camino que les quedó a un grupo de familiares en ese momento fue presentar las demandas penales respectivas ante la Fiscalía y empezar un proceso que acaba de terminar con resultados desfavorables para ellos. Lo cierto del caso es que, independientemente de las responsabilidades o no de los exfuncionarios de la empresa, los familiares de las 48 víctimas fatales perdieron ese día no solo a sus seres queridos, sino pertenencias de gran valor económico y sentimental que, como están las cosas, no se ve clara su reparación. 

La esperanza de los familiares en ese sentido es que pese a la declaración de inocencia de los exfuncionarios, las determinaciones judiciales puedan llegar a que Aguas de Manizales y el Municipio tengan que compensar económicamente la pérdida de sus casas y enseres, y con ello lograr que muchos proyectos de vida que se vieron truncados puedan ser reactivados.