Revocatorias fallidas

El proceso de revocatoria realizado el domingo pasado en Villamaría contra el alcalde, Juan Alejandro Holguín, fue un rotundo fracaso, como lo han sido todos los realizados por este mismo mecanismo de participación en Colombia. Este es un país apático a las votaciones, lo que se demuestra en las altas abstenciones en procesos generales, y por tanto se agrava en situaciones como la de intentar hacer por la vía de las urnas y de manera singular una elección en la que se pretende dar por terminado el mandato de un gobernante.
La revocatoria por vía electoral es de alguna forma una votación plebiscitaria en la que se evalúa el Gobierno de turno. Al menos así se contempla en el deber ser, pero ya sabemos que del dicho al hecho falta mucho y por tanto se convierte en una oportunidad para que malos perdedores intenten acortar las posibilidades de recuperar o tomar el poder, o para mantenerse vigentes líderes políticos, o para cobrarse las decisiones que puede estar tomando un mandatario. De ahí que en lugar de ser una oportunidad para reafirmar la democracia se convierta en un proceso que genera mayores desconfianzas.
Si nos referimos directamente a lo sucedido en Villamaría esperamos que haya sido una oportunidad para el diálogo, para que la Administración municipal escuche a los inconformes y trate de llegar a consensos, para que quienes convocaron a este proceso y salieron perdedores den la oportunidad al alcalde y a sus colaboradores de llevar a buen término su programa de Gobierno y para que los ciudadanos se interesen más por lo que sucede en su municipio. Lástima que para todos estos elementos de un sistema democrático como debe ser se tenga que hacer un gasto tan alto.
Una participación menor al 10% del censo electoral del municipio, en la que votaron menos personas de las que firmaron para pedir que se realizara esta votación, deja mucho qué pensar. Un proceso tan costoso en términos de logística tiene que ser más exigente para que pueda convocarse, pues de otra manera solo genera parálisis administrativa y perjuicios para el funcionamiento del municipio. Tampoco se entiende que el alcalde, cualquiera que sea, no pueda defender su gestión, so pena de que la Procuraduría lo investigue por participar en política.
Los representantes que entiendan la democracia como un verdadero valor del pueblo sabrían que lo mejor para lograr resultados en la política es el diálogo permanente, desde la oposición o la colaboración, desde la veeduría ciudadana y desde darle la oportunidad al otro de demostrar que las decisiones las toma por mejorar el municipio que gobierna. Si se perdió en las urnas espere su turno sin desesperar.

En lo que tiene que ver con todas las actuaciones de los gobernantes vendría muy bien que las entidades de control estuvieran atentas a lo que suceda en tiempo real y no esperar a dos o tres administraciones para empezar las acusaciones y señalamientos o sanciones. La mayoría de las veces esto sucede no por un proceso garantista, sino porque no se hace el trabajo que se debe de vigilar los recursos públicos. Es lamentable que un alcalde siga sub judice 12 y 14 años porque la justicia no fue capaz de obrar oportunamente. Eso sería una garantía para los ciudadanos de que alguien vigila el erario y no tendrían que forzar procesos desgastantes como el que se acaba de llevar a cabo en Villamaría, que solo deja frustraciones.