Respuestas que no dan espera

Se estaba demorando el presidente Juan Manuel Santos en asumir personalmente un plan orientado a encontrar soluciones al grave conflicto que se vive en el puerto nariñense sobre el Pacífico, Tumaco, considerado hoy la capital de la coca en el país. Los hechos de las semanas recientes, cuando las tensiones entre las Fuerzas Militares, mafias narcotraficantes y amplios sectores de la población llevaron a la muerte de siete personas en complejas circunstancias, debieron despertar una reacción más rápida desde el Ejecutivo, y no el clima de incertidumbre que se respira en esa zona del suroccidente de Colombia.
Este fin de semana, por fin, el mandatario en un Consejo de Seguridad en la región anunció medidas para atender la crisis social y buscar clarificar los hechos de violencia. Es claro que los planes de erradicación de cultivos ilícitos tienen que seguir sin pausa, y que si no se ataca de frente el narcotráfico no será posible superar el conflicto armado y sus sangrientas consecuencias; en este marco, la construcción de una paz estable y duradera no pasará de ser una quimera.
Ante la evidencia de una crisis social de tal magnitud en Tumaco la expectativa es que esta vez las soluciones no sean paños de agua tibia, sino que se apunte a las raíces del problema. La única manera de lograr avances es involucrar a las comunidades en las soluciones, además de desarticular por completo las estructuras delincuenciales que manejan la región a su amaño. Desde luego que este no es un problema nuevo, pero acabar con él tiene que ser una prioridad y necesita de acciones contundentes y definitivas.
La llamada Campaña Atlas, con el arribo de 6.500 hombres para fortalecer la Fuerza Pública en la región es un asunto esencial, pero no puede ser el único. Esto tiene que ir de la mano de una acción social integral que apunte a resolver décadas de ausencia del Estado en estos territorios, y que siembre semillas de esperanza. Además de escuchar a las comunidades hay que hacerlas conscientes de la importancia de abandonar las conductas ilícitas y dar pasos certeros hacia la legalidad. En esto no puede fallarse, y si bien hay que entender que las mejoras no son inmediatas, sería imperdonable que asuntos tan esenciales como el agua potable y las mínimas condiciones de salubridad siendo un sueño irrealizable.
Los colombianos debemos entender que las tareas de erradicación de cultivos ilícitos no serán necesariamente pacíficas, debido a los intereses de las mafias, y a los vínculos de tales organizaciones con la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc, las llamadas Bacrim y hasta con narcotraficantes de Centroamérica. Este es el tipo de retos del llamado posconflicto, y frente a los cuales las respuestas del Estado tienen que ser prontas y efectivas. No solo en términos de presencia militar, sino sobre todo con programas sociales que desactiven todos los conflictos que sirven de caldo de cultivo para la violencia. También hay que proteger a los líderes sociales que valientemente se oponen a las mafias.
Vimos ayer en Guaviare nuevos choques entre campesinos cocaleros y la Fuerza Pública, que podrían terminar de manera funesta. En el país hay por lo menos 10 puntos, entre los que sobresalen Catatumbo, Chocó, Cauca y Putumayo, en los que el Gobierno tiene que enfocar su trabajo, con la misma energía que ahora lo hace en Tumaco, sin esperar a que exploten nuevas situaciones de caos y se reproduzca la desesperanza. Una bien pensada estrategia para impulsar proyectos productivos en las comunidades de esas regiones tiene que ser prioridad. Una acción integral es el camino más corto hacia la erradicación de esos cultivos ilegales y el avance hacia la construcción de paz.