Reclamos justos, protestas ilegítimas

El asesinato de cerca de 20 líderes sociales en Colombia en lo que va del 2020 es un motivo más que justo para reclamarle al Estado que actúe de manera más decidida y así evitar que esta situación se siga presentando. También son razones válidas para reclamar algunas de las situaciones planteadas durante las movilizaciones de finales del año pasado, como la necesidad de una reforma pensional que eleve en número de jubilados y acabe con la inequidad del sistema, y la urgencia de avanzar en la formalización laboral que apunte a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Inclusive, presionar avances más rápidos en la implementación del acuerdo de paz es un reclamo legítimo, como también lo es exigir una lucha frontal contra la corrupción.

Sin embargo, hechos como los vividos en Bogotá hasta casi la medianoche del martes, en los que varios policías quedaron heridos al enfrentarse con vándalos; o como los bloqueos de la carretera Panamericana en la parte baja del barrio La Enea, en Manizales, lo único que hacen en causar malestar en contra de quienes logran convertir reclamos justos en protestas ilegítimas que se caracterizan por su violencia e irracionalidad. Ya es hora de que quienes quieran manifestarse de manera pacífica, sin bloqueos ni vías de hecho, puedan hacerlo sin el temor de que llegarán los encapuchados a generar violencia.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López estableció unos protocolos para atender este tipo de manifestaciones, que en su primer día llevó hace una semana a que tuviera que actuar el Esmad, que era el último eslabón. Aunque la idea es buena tiene fallas, ya que es cuestionable el papel que puedan cumplir las madres de los policías y de los estudiantes a la hora de impedir que los enfrentamientos entre ellos ocurran. Está bien que se hagan diversos esfuerzos con la intervención previa de funcionarios y expertos en resolución de conflictos, pero es evidente que la motivación que unos pocos tienen de llegar a los choques físicos con los miembros del Esmad no deja otro camino, paradójicamente, que el de validar la rápida intervención de ese cuerpo especializado para conjurar disturbios.

Ciertamente hay cuestionamientos válidos frente a la manera de actuar de algunos miembros de esa fuerza, no obstante, la solución está en revisar, por ejemplo, la pertinencia del uso de algunos armamentos, como lo solicitó recientemente la Procuraduría General de la Nación. En realidad, debería evitarse en la medida de lo posible la intervención del Esmad en las movilizaciones, y que sea el último recurso, pero también es justo reconocer que a veces es la única manera de hacerle frente a los encapuchados que se enfocan en destruir lo que esté a su paso y en violar los derechos de los demás.

Ahora bien, siendo grupos tan pequeños los que ejecutan las acciones vandálicas y generan el caos, la inteligencia de la fuerza pública debería avanzar en la identificación de los revoltosos, actuar rápidamente para capturarlos y llevarlos a los estrados judiciales para que paguen por su mala conducta y sus delitos. Los responsables de los desmanes no pueden quedar sueltos, la comunidad también debe colaborar denunciándolos, para que le pongan la cara a la justicia. Después de tantos hechos en los que es evidente que son siempre los mismos quienes ocasionan los desórdenes, ya es hora de saber quiénes son y qué los lleva a actuar de esa manera. No puede seguirse fomentando que paguen justos por pecadores y que los reclamos legítimos terminen desprestigiados por un puñado de violentos.