Que no avance la violencia

A solo un mes de las elecciones en las que los ciudadanos escogerán nuevas autoridades locales, se intensifican las amenazas a líderes y candidatos, y los temores de quienes reciben toda clase de panfletos que buscan intimidarlos, para tratar de sacarlos del camino y evitar que sean elegidos. Las denuncias de miembros del Resguardo Indígena de San Lorenzo, en Riosucio (Caldas), acerca de la presencia de encapuchados que dicen ser disidencias de las Farc, tienen que ser tomadas en serio e investigadas a fondo para cerrarles el paso a las violencias.
En el pasado esa zona ha sido azotada por fenómenos complicados de disputas territoriales y presencia de actores armados ilegales, e incluso hechos de violencia que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a establecer medidas cautelares, que recientemente fueron renovadas. Según el comunicado de los líderes indígenas que llegó a la Defensoría del Pueblo, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, entre otras instituciones, las acciones de ese grupo se han concentrado en advertencias acerca de que ellos son los dueños de la noche, por lo que las comunidades hoy prefieren irse a dormir temprano para no exponerse al peligro. 
También se habla allí de lo ocurrido hace dos semanas cuando un grupo armado, constituido por hombres y mujeres, habría llegado a la comunidad El Roble, donde acamparon a orillas del río Aguas Claras, se bañaron y se recrearon sin límite, para luego ascender hacia las partes más altas de la zona. Su sola presencia ya es motivo suficiente para intervenir con urgencia, en procura de ponerle freno a la posibilidad de que el supuesto grupo irregular termine quedándose en la región para cometer toda clase de crímenes. La salida hacia el exterior del concejal del Centro Democrático Ferney Naranjo, por amenazas, no puede quedarse como un asunto anecdótico.
Tampoco pueden ser solo anécdotas los mensajes directos que vienen recibiendo líderes y dirigentes de los partidos Polo Democrático, MAIS y Colombia Humana UP, quienes durante el pasado fin de semana elevaron su clamor ante las autoridades caldenses y nacionales en búsqueda de protección. Ninguna intimidación, sin importar su procedencia, puede dejarse prosperar, cualquier actor violento tiene que ser rechazado de manera tajante, el solo hecho de lanzar amenazas pone en peligro la democracia y exige respuestas concretas y fuertes del Estado para no permitir que prospere la violencia.
Como estos actos irregulares, que nos quieren devolver al pasado, se vienen dando con mayor intensidad inclusive en otros departamentos de Colombia, es oportuno que el Congreso de la República se decida a debatir acerca de los peligros que se ciernen sobre quienes participan en política con miras a lograr votaciones favorables el 27 de octubre. Para hoy están citados en el Senado los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; de Defensa, Guillermo Botero, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, para que expliquen sus actividades para ponerle freno al embate de los violentos.

Entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) vienen desarrollando estudios y análisis que miden lo que ocurre en el país en torno a la campaña política, donde ya una decena de candidatos ha sido asesinada, al tiempo que suben las amenazas. Más que la salida de los territorios para preservar la vida, el Estado debe trabajar para garantizar control efectivo, libre ejercicio de la democracia y, en general, medidas para cuidar la vida de los distintos aspirantes. Queda un mes para que se adopten protocolos de seguridad muy concretos, que lleven a que no haya un solo homicidio más en contra de quienes están convencidos de que las diferencias pueden solucionarse a través del diálogo y de una política que respete derechos.