Protección a nuestros líderes

De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Caldas hay 25 líderes con riesgo extraordinario por distintos tipos de amenazas, quienes requieren esquemas especiales de seguridad. Hay docentes, autoridades indígenas, sindicalistas, líderes étnicos, desmovilizados, periodistas y políticos, quienes son blanco de ataques por algunos sectores que los consideran una piedra en el zapato para la concreción de sus mezquinos intereses. Para protegerlos se tienen, en algunos casos, guardaespaldas y vehículos, pero en otros solo chalecos antibalas y botones de pánico. Agentes de la Policía también hacen rondas rutinarias para prevenir que las potenciales víctimas sean atacadas.
Es triste que en un departamento como el nuestro, que está entre las regiones con índices más bajos de violencia y criminalidad, se tenga un número tan abultado de personas vulnerables, quienes reciben graves amenazas como consecuencia de su labor en favor de la defensa de los derechos humanos, en la gran mayoría de los casos. De hecho, son 102 los líderes (26 mujeres y 76 hombres) que han sido amenazados en Caldas en el último año. Por fortuna, no se tienen casos de personas con riesgos extremos, que obligarían a tomar medidas más radicales de protección, pero llama a la reflexión que tengamos tantos líderes que por sus funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, estén en peligro en la región.
Colombia, desde el 2016, viene sufriendo una grave racha de violencia contra los líderes sociales que completa cerca de 400 homicidios. Ya es hora de que, por fin, dejen de ser asesinadas las personas en razón de sus pensamientos y opiniones, o por sus actividades de liderazgo en comunidades que sufren toda clase de deficiencias y debilidades. El Estado debe ponerse al frente de todas estas situaciones y garantizar la seguridad y la vida, no solo de estos líderes, sino de todos los ciudadanos colombianos. Estamos en mora de ponerles el freno definitivo a los criminales, quienes para defender sus ilegales intereses se dedican a intimidar y a ejercer la violencia contra quienes enarbolan las banderas del respeto y de la defensa de la democracia.
Los casos más complicados y en los que se deben enfocar las acciones de la fuerza pública están ocurriendo en Riosucio, Marmato, La Dorada, Belalcázar, Manizales, Pensilvania, Marquetalia y Samaná. Problemas con tierras o con la minería ilegal serían las principales causas de las intimidaciones contra estos líderes, pero también se ha detectado que hay quienes desde las cárceles se dedican a lanzar amenazas, con el único objetivo de facilitarles a sus secuaces libres las acciones delictivas que denuncian los líderes, o simplemente, porque el discurso de paz no les gusta a quienes se han lucrado del conflicto armado.

La sociedad caldense también debe solidarizarse con estas personas y ayudarlas a cuidar. Es más fuerte el blindaje que puede brindar una comunidad que rodea a sus líderes que las diferentes actividades que desplieguen las autoridades de seguridad para brindar protección. Si todos tomamos conciencia de la importancia de su papel en una democracia con fisuras y debilidades como la nuestra, quienes le apuestan a la inestabilidad y al terror tendrán menos espacio de acción, y finalmente estarán arrinconados, sin poder causar daño. Es urgente que reaccionemos como sociedad y como Estado para que no haya un solo líder asesinado en Colombia, e incluso para que no haya una sola amenaza más contra ellos.