Las mediciones históricas de lluvias en Manizales evidencian que durante la temporada invernal del segundo semestre, generalmente, las precipitaciones son mayores que durante la primera parte de año. En este 2017 se cuenta con la particularidad de unos aguaceros demasiado fuertes durante marzo y abril, que incluyó el más grande de los que se tenga noticia en la ciudad, ocurrido durante la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril, con cerca de 156,4 milímetros de lluvia, lo que corresponde a casi 10 veces un aguacero fuerte en la capital caldense.
Aunque las autoridades ambientales han manifestado que muy seguramente esta vez no habrá tanta lluvia durante octubre y noviembre, como en otros años, lo cierto es que los fenómenos climáticos en nuestra región no son muy predecibles y que, en términos generales, el llamado Cambio Climático hace que a veces un huracán en el Caribe, por ejemplo, tenga consecuencias en amplias zonas continentales. Como sea, lo mejor es que se tomen todas las medidas preventivas necesarias, con el fin de mitigar los riesgos que suponen una temporada de lluvias muy cruda, si se llegara a presentar.
La semana pasada, en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se tomó la determinación de ampliar durante seis meses más la declaratoria de calamidad pública, que fue preciso asumir después de la tragedia de abril pasado, en la que murieron 17 personas en deslizamientos, mientras que otras 500 fueron registradas como damnificadas, al perder sus casas o al tener que evacuar en forma preventiva.
La extensión de la declaratoria es una buena decisión que permite reaccionar con rapidez de llegar a presentarse otra emergencia invernal. También es una medida necesaria, ante el lento flujo de recursos para ejecutar obras de estabilización de terrenos y otros trabajos de mitigación del riesgo en lugares identificados como de alta vulnerabilidad. Teniendo esta herramienta jurídica se espera que la Administración Municipal ejecute un plan muy concreto que, no solo lleve a controlar los lugares que resultaron afectados en abril, sino que blinde aquellos sectores en los que podrían aparecer nuevas emergencias si caen aguaceros muy grandes.
Frente a esto, hay que decir que existe demasiada demora en la celebración del OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), para aprobar recursos por $13 mil 500 millones para obras de mitigación. Es lamentable que hayan pasado ya casi seis meses de la tragedia sin que los recursos y soluciones prometidas por el Gobierno Nacional se hayan concretado suficientemente. Sectores como Aranjuez y Persia, por ejemplo, que tanto sufrieron con el aguacero del 19 de abril requieren inversiones urgentes, mientras que los recursos locales apenas han alcanzado para lo más urgente.
Tampoco se entiende que un crédito tramitado por Corpocaldas para obras de mitigación atraviese por toda clase de trabas, al punto que todavía no se sabe cuándo se podrá contar con esos recursos, cerca de $30 mil millones. Ojalá que las obras para las que se requieren dichos recursos puedan ejecutarse pronto, y que logren evitar situaciones dolorosas como las vividas en el primer semestre del año.
Lo que se les exige a las autoridades es que actúen con mucha responsabilidad en la ejecución de los recursos, para que rindan al máximo, y que ojalá todas esas personas que tuvieron que salir de sus casas y permanecen fuera de ellas, debido a que no han aparecido las soluciones de vivienda que se les ofreció, encuentren finalmente las alternativas para emprender de nuevo sus proyectos de vida en forma digna. Al Gobierno Nacional hay que seguirle exigiendo que los recursos prometidos, cerca de $55 mil millones, sean desembolsados lo más pronto posible.
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