Por una minería formalizada

La semana pasada, en Marmato, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, se comprometió a iniciar un proceso de formalización minera en Caldas, y no solo eso: impulsar en ese municipio un piloto que se traduzca en asistencia técnica, ambiental y apoyo de mayor productividad para el sector. No es la primera vez que se habla de un enfoque similar desde instancias nacionales para esa zona del occidente del departamento, pero sí es la primera ocasión en la que las proyecciones de lo que se piensa hacer son tan ambiciosas. Por eso, el deseo es que no se repitan los incumplimientos del pasado.
 Desde la Asociación de Mineros Tradicionales (Asomitrama) se mostraron optimistas de que en lugar de que se cierren las minas, como ha ocurrido, debido a conflictos con la firma Gran Colombia Gold, se les apoye para que en mejores condiciones técnicas puedan desarrollar su actividad de manera más segura y productiva. De acuerdo con el propio ministro, el propósito es fomentar que todos los mineros de la región sean legales, emprendedores, responsables con el medio ambiente y las comunidades, e influyentes y confiables. En ese objetivo es muy importante el acompañamiento de la academia, en este caso de la Universidad de Caldas, para que todos los aspectos técnicos y humanos sean tenidos en cuenta.

 Adicionalmente, se proyecta la búsqueda de recursos para generar, con la Gobernación de Caldas, un Centro de Desarrollo Minero, Ambiental y Empresarial para el Alto Occidente del departamento, que permita darle sostenibilidad y consistencia al proceso de formalización, y donde los mineros tradicionales deberían poder seguir con su actividad sin que eso riña con la minería a gran escala que impulsa la Gran Colombia Gold, la cual también deberá tener en cuenta aspectos fundamentales de la necesaria protección ambiental y del bienestar social en la zona.

 Otro compromiso importante del alto funcionario nacional fue el de entregar una suma mayor de recursos de regalías directas a la región, que correspondan a su porcentaje de participación en la producción nacional (3%, aunque el propósito es llegar al 4,5%). Se pasaría así de unos $1.425 millones a $7.291 millones para el periodo 2021-2022, un aumento del 412%. Así se facilitará el cumplimiento del propósito de tener una minería más ordenada y confiable, en la que además de proteger el medioambiente se garantice la seguridad para las vidas de quienes se dedican a esa actividad económica.
 
Estos nuevos objetivos tienen que servir para que dejen de presentarse situaciones como las que debemos lamentar año a año en las que se reportan decenas de accidentes mineros en los que mueren numerosas personas que se dedican a esa actividad en la región. Es justamente la informalidad la responsable de la inexistencia de las debidas medidas de protección y seguridad industrial que conducen a esos accidentes. Los mineros artesanales tradicionales están expuestos a esto, como también aquellos que son contratados por organizaciones ilegales que aprovechan el desorden para lucrarse del subsuelo, que es de todos. Ya era hora de que se tomaran medidas, ojalá esta vez se cumpla.