El Consejo de Estado, en primera instancia, suspendió la decisión del Ministerio de Minas y Energía de ejecutar proyectos de exploración y producción comercial de petróleo y gas en yacimientos no convencionales, para los cuales se usa el método de fracking (rompimiento de roca con inyección de agua a presión). La determinación del alto tribunal fue un revés para el Gobierno Nacional y las petroleras que tienen previsto ejecutar estos proyectos, y una victoria temporal para la Alianza Colombia Libre de Fracking, conformada por líderes ambientalistas que consideran que se haría un gran daño ambiental si se usa.
Hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene suspendidos nueve contratos de yacimientos no convencionales, y de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado tendrán que mantenerse así hasta que haya un pronunciamiento de fondo. En este debate hay que tomar en cuenta los conceptos de la Comisión de Expertos (9 nacionales y 2 extranjeros) que analizó el año pasado las posibilidades de aplicar en Colombia esta técnica, y que dejó abierta la puerta para ejecutar planes piloto bajo rigurosas precauciones ambientales.
Así, la determinación de fondo queda pendiente, por lo que la negativa al fracking no puede considerarse definitiva, y la posibilidad de que las cosas cambien es alta. No solo se tiene el concepto de la Comisión, que le da mayores elementos de juicio a una determinación definitiva, sino que la tecnología cada vez permite este tipo de explotación con menos riesgos ambientales, además de que Ecopetrol está explotando actualmente yacimientos con ese método en otros países, lo que redundará en una experiencia invaluable si más adelante le permiten hacerlo en nuestro territorio.
El país debe tener claro que cerrarle las puertas al fracking impactaría de manera negativa las finanzas del Estado, al mismo tiempo que podría obligar al Gobierno a importar petróleo y gas, lo cual resultaría paradójico ante la realidad de un subsuelo colombiano rico en hidrocarburos que solo esperan la oportunidad del uso de esta técnica para ser explotados. Si se cumple cabalmente con la Ley de transparencia e información pública para que haya pleno acceso a saber qué se está haciendo en ese campo, no debería haber restricción a ejecutar los pilotos.
Lo que Colombia necesita en estos momentos es desmitificar los efectos del fracking y hablar de realidades, que haya una detallada divulgación de todo lo que es y no es el fracking. Hay que hablar con realismo acerca de los posibles beneficios y perjuicios, para que las decisiones que se adopten sean las más positivas. Si las comunidades reciben información diáfana, y si se garantiza que las riquezas extraídas del subsuelo tendrán repercusiones positivas para la calidad de vida de las zonas circundantes a los yacimientos, podría superarse la oposición no reflexionada que existe.
En otras partes del mundo se ha demostrado que hay procedimientos que pueden aplicarse para mitigar los efectos adversos para el medioambiente, y que la rentabilidad económica puede compensar con creces los riesgos, e incluso ayudar a que el país goce de los beneficios de tener reservas suficientes de hidrocarburos. Preocupa que hoy se tenga un horizonte inferior a los 10 años en estas reservas, lo que nos puede causar serias dificultades. Al mismo tiempo, Colombia tiene que apostarle con mayor fuerza a las energías limpias que resulten más eficientes y benéficas para el país en un mediano y largo plazo, pero dejar enterrada una gran riqueza en hidrocarburos no se compadece con las
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