Nueva estrategia contra cultivos ilícitos

No son gratuitas las dudas expresadas por diferentes sectores de la vida pública, incluido el fiscal General de la Nación, sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos y el proyecto para que los pequeños cultivadores de estos puedan tener una oportunidad para cambiar esa manera de ganarse la vida y quedar favorecidos de la acción penal. Es evidente que estamos en un momento complejo de crecimiento exponencial de estos cultivos, que los vacíos dejados por las Farc, y esperamos que en un futuro por el Eln, están siendo ocupados por nuevos actores armados, bien de las bandas criminales, bien de las disidencias guerrilleras.
No obstante, la propuesta planteada por el Gobierno y que ha sido apoyada incluso por Naciones Unidas, que tendrá la tarea de verificación, da una oportunidad para hacer un cambio real en la política de cultivos ilícitos en el país. Aunque se plantea hacer excarcelable el cultivo de coca hasta las 3,8 hectáreas, la intención es dar una alternativa al eslabón más angosto de la cadena de la producción, el de los cultivadores, poco más de 100 mil familias que podrían estar incursas en esta situación.
Si durante 40 años, desde que el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon la declaró, la guerra contra las drogas, ha sido un fracaso. ¿Por qué no intentar una nueva estrategia? Está bien que nada puede garantizar el resultado, pero es evidente que lo hecho hasta hoy ya probó que no es la solución. Por ese motivo, al ver lo planteado en el proyecto del Gobierno, en acatamiento del Acuerdo de Paz de La Habana, se nota que hay al menos una idea clara de cómo acompañar a las comunidades, de cómo verificar, de cómo sancionar a quienes reincidan y cómo se haría costosa la pérdida de los beneficios.
Analistas han manifestado que lo que hace el Gobierno con este proyecto es incentivar la siembra de coca, que se sumaría al crecimiento de esta desde que empezó el proceso con las Farc, pues muchos veían que era la única manera de poderse beneficiar en algún momento de lo que saliera del Acuerdo de paz, que impactara en la economía de los campesinos en donde esa guerrilla hizo de las suyas y controló el negocio de la coca, incluso con órdenes expresas a los campesinos de cultivarla.
El ideal es que hubiera una política internacional más laxa en torno a las drogas ilícitas, entre ellas la legalización del consumo y de la comercialización con monopolio del Estado, pero como para esto no hay ambiente en el mundo, resulta poco probable que este se dé en un tiempo corto, razón que obliga a que se pueda ensayar un nuevo modelo desde Colombia, el cual tendrá sentido en la medida en que el Gobierno haga el control debido y la verificación para que no se vuelva a sembrar.

Caldas es uno de los tres departamentos en Colombia que no tiene cultivos ilícitos, bien podría mirarse por qué aquí los campesinos que fueron obligados por las Farc en su época a sembrar dejaron de hacerlo, a pesar de ser el buen negocio que es frente a cualquier otro producto del agro. Nuestro departamento es un verdadero laboratorio de paz, después de años de guerra, que el Gobierno Nacional se niega a ver. Ya es hora de que en lugar de hacerse el de la vista gorda, mire que a pesar suyo nuestra región se recupera y tiene mucho que enseñar. Valdría la pena que lo tomaran en cuenta.