El anuncio de la liquidación de Saludvida implica que cerca de 52 mil usuarios en Caldas tengan que ser trasladados hacia otras EPS en la región. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud los pacientes tendrán servicios en esa entidad hasta el próximo 31 de octubre; de ahí en adelante vienen las incertidumbres. La determinación tomada esta semana es el resultado de un proceso de seguimiento que no dejó más opción que ordenar el cierre, ante la inviabilidad de la empresa. De tiempo atrás los pacientes vienen sufriendo las deficiencias del servicio, debido a las crecientes deudas sin pago a clínicas y hospitales que ponen todo tipo de trabas para atender a los afiliados a esa EPS.
Ya los colombianos han padecido las crisis y liquidaciones de empresas como Saludcoop, Caprecom y Cafesalud, entre otras muchas, que vienen desapareciendo desde hace años por los mismos motivos. Durante el paso de Alejando Gaviria por el Ministerio de Salud, en el gobierno pasado, se dijo que no era necesaria una reforma estructural del sistema, y que se podían ir arreglando los problemas en la medida que se presentaban, pero parece que seguimos cortos frente a las necesidades reales de transformación en el sector.
La actual administración del presidente Iván Duque está aplicando la herramienta de la llamada Ley de punto final, para llevar a cero las deudas en el sector, pero tal medida aún no logra los efectos esperados, y habrá que darle un mayor plazo para poder evaluar su efectividad. El hecho de que Saludvida se liquide evidencia que las dolencias del sistema de salud siguen creciendo y que es necesario impulsar reformas y afinar controles que realmente tengan vocación de mejora. Las intervenciones en otras empresas del mismo tipo como Comfacor, Cruz Blanca y Emdisalud generan enormes inquietudes acerca del destino al que se dirige nuestra salud.
Que Saludvida le deba al Hospital Santa Sofía unos $27 mil millones, y que ahora entre en liquidación, deja clara la magnitud del problema y las consecuencias que sentirán los pacientes de manera directa, la mayor parte de ellos del régimen subsidiado; los de la minoría del contributivo sufrirán el mismo impacto negativo. Ojalá que el Ministerio de Salud logre hacer un traslado rápido y sencillo a otras EPS que sí puedan actuar responsablemente; que no sea el inicio de un nuevo carrusel que termine en nuevas liquidaciones de entidades, que es lo que hemos visto hasta el momento.
Los directivos de los hospitales y clínicas en la región tienen razones de sobra para preocuparse por lo que vendrá con esta determinación de la Superintendencia, si tomamos en cuenta que otras EPS liquidadas en la región como Saludcóndor y Solsalud cerraron definitivamente dejándoles enormes deudas sin pagar. Si a esto se suman los pendientes de Caprecom, Saludcoop y Cafesalud, además de los problemas que vienen teniendo Medimás y Coomeva, por ejemplo, las dificultades del sistema se siguen profundizando. 

Cada vez son más los pacientes que quedan en vilo. El traslado de EPS también causa nuevos inconvenientes a las empresas receptoras, que podrán verse saturadas de afiliados y deteriorando los servicios prestados hasta ahora de manera relativamente acertada. Se prevé que los pacientes llegarán a Salud Total, Sánitas, EPS Sura y Nueva EPS. Más temprano que tarde hay que acabar con este círculo vicioso y romper con la mediocridad, porque debemos aceptar que a la salud, que es derecho constitucional fundamental, se le debe prestar una mejor atención.